“Llegar a la verdad, por dolorosa que esta y a pesar de los obstáculos, es el compromiso del gobierno de México con las familias”.
Alejandro Encinas
Ochenta y tres órdenes de aprehensión, 20 a militares, fueron giradas el 19 de agosto en el esfuerzo del gobierno por probar que los crímenes de la noche de Iguala fueron realizados por “el Estado”. Solo se han cumplimentado cuatro, contra el general en retiro José Rodríguez Pérez y tres subalternos, que se presentaron voluntariamente y que dicen que van a limpiar sus nombres. La Fiscalía General de la República ha retirado 21, 16 contra militares y cinco contra civiles, pero sin un acuerdo con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Trejo García, lo cual revela un rompimiento entre esta y la FGR. Una nota de la revista Proceso refleja la actitud de los miembros de esta unidad: fue “una sucia maniobra” de la FGR, dice el encabezado.
¿En verdad que la FGR recurrió a una sucia maniobra para exonerar a 21 militares y cinco civiles con el fin de proteger al Estado mexicano por haber perpetrado los crímenes de Iguala? Lo que sabemos -porque a pesar de las promesas de transparencia el informe de la Comisión para la Verdad tenía tachadas sus partes fundamentales- es que las órdenes de aprehensión retiradas se sustentaban solamente en testimonios de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes la investigación anterior atribuyó el secuestro y asesinato de los normalistas. El testigo estrella de hoy es Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, ya liberado pese a haber confesado su participación en los crímenes y a quien se presenta en los testimonios con el nombre de “Juan”. Estos “testigos colaboradores” no han usado sus testimonios, como es lógico, para autoincriminarse, sino para acusar a quienes los detuvieron.
Una de las órdenes de aprehensión retiradas se había girado contra Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero. El Gil afirmó que estaba en la nómina de Guerreros Unidos. y también de Los Rojos, lo cual sorprende porque eran grupos rivales. Según El Gil, Banco propuso, además, hacer una investigación sobre los hechos de Iguala que solo tocara a responsables de bajo nivel.
La realidad, sin embargo, contradice estos testimonios. La Fiscalía de Guerrero bajo Blanco detuvo o consignó a todos los mandos de la policía municipal de Iguala y al propio alcalde, José Luis Abarca. En cuanto a sus supuestos vínculos con Guerreros Unidos, Blanco y su equipo obtuvieron y comunicaron a las autoridades federales información que se usó para realizar acciones en contra de ese grupo. A Los Rojos, la procuraduría estatal los desarticuló, al grado de que hoy ya prácticamente no existen en Guerrero. Todos los detenidos del caso Iguala consignados por la fiscalía de Blanco siguen bajo proceso por homicidio calificado y en ningún caso se ha acreditado tortura.
El general Rodríguez Pérez ha afirmado en entrevista con Jorge Fernández Menéndez que las acusaciones en su contra y de sus subalternos, también producto de testimonios de El Gil, son falsas. El subsecretario Encinas lo acusó públicamente de haber ordenado el asesinato de seis normalistas, pero la FGR no ha presentado acusaciones por esos supuestos asesinatos. El Gil acusó también al general de tener vínculos con Guerreros Unidos, pero no hay más pruebas que este testimonio. El militar afirma que sus tropas dieron fuertes golpes a la organización.
El retiro de las 21 órdenes de aprehensión no parece una “sucia maniobra” de la Fiscalía. Sugiere más bien una aceptación de que las pruebas contra los acusados eran endebles o falsas.
Impunidad
Decenas de autobuses “prestados”, o robados, llevaron a los normalistas de Ayotzinapa y sus seguidores al Paseo de la Reforma ayer. Grupos pequeños de encapuchados vandalizaron edificios en su marcha por la avenida. La impunidad se mantiene.
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