“La falta absoluta de pruebas sólo demuestra que la conspiración está funcionando”.
Un paranoico anónimo
Omar Gómez Trejo no llegó a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa por sus habilidades como investigador o litigante. Se le eligió por razones políticas, y porque ya tenía una convicción sobre el resultado que debía ofrecer la investigación.
Como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Gómez Trejo rechazó siempre la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam e impulsó la tesis de que el Estado mexicano fue responsable de los crímenes de la noche de Iguala. Por eso tuvo el respaldo para ocupar el cargo del movimiento de Ayotzinapa, un grupo político que ha logrado proyectarse como único y verdadero representante de los padres de las víctimas. La tesis que defendía dentro del GIEI es la que trató de probar durante su gestión como fiscal especial.
Ayer, sin embargo, se dio a conocer su renuncia, efectiva el próximo 1o de octubre. Se esperaba desde hace varios días porque fue muy clara su insatisfacción con la decisión de la Fiscalía General de la República de retirar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que su unidad había solicitado. La FGR consideró que las pruebas eran insuficientes. Los propios abogados de los cuatro militares que están siendo procesados, empezando por el general en retiro José Rodríguez Pérez, anunciaron ayer que van a dar a conocer las órdenes de aprehensión que se ejercieron para exhibir sus inconsistencias.
El presidente tocó la renuncia ayer: “El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”.
El problema para el Presidente es que está tratando de manejar una situación muy complicada. Por una parte, le ha dado rienda suelta al subsecretario Alejandro Encinas y al hasta ahora fiscal Gómez Trejo para que acusen directamente a integrantes del Ejército. En principio nadie puede objetar esto si se tienen las pruebas que confirman la responsabilidad de los militares. El problema surge cuando la única prueba son los testimonios de un testigo protegido, que además es el verdadero responsable de las muertes de los normalistas. Por otro lado, el Presidente no quiere lastimar al Ejército, porque ha establecido con él una alianza política.
La Secretaría de la Defensa no ha presentado objeciones públicas a las acusaciones de la Unidad Especial y del subsecretario Encinas. Hasta donde podemos ver, la propia institución pidió al general en retiro José Rodríguez Pérez y a sus subalternos que se presentaran a enfrentar la acusación y el proceso. Pero el hecho de que estén detenidos en el Campo Militar Número 1, y no en una cárcel civil, revela que tienen el respaldo de la Sedena. Ayer, hubo vacilaciones acerca de donde darían la conferencia de prensa sus abogados. Se dijo en un momento que sería en el interior de las instalaciones, pero al final se realizó fuera, junto a la puerta número 8 del campo.
Elegir a un nuevo fiscal especial no será fácil. El régimen debe encontrar a alguien que pueda descubrir pruebas fehacientes de que el crimen fue cometido por el Estado, pero que no sean simplemente declaraciones de un criminal confeso que quiere obtener beneficios jurídicos. Lo tendrá que hacer de forma tal que no lastime la relación del Presidente con las fuerzas armadas. Se le pedirán actos de malabarismo, que serán complicados.
Imparcialidad
Si el INE es caro y parcial, ¿qué mejor que pedir que la consulta sobre la militarización la lleve a cabo la Secretaría de la Defensa? Los militares sí garantizan imparcialidad en este tema.
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