Después de que los senadores del PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural frenaran la reforma del Presidente que buscaba mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, empezó una pausa que puede durar días o semanas. La propuesta más razonable para discutirse es la de Ricardo Monreal: una negociación a fondo para reformular la iniciativa. 

Fundamento mi afirmación haciendo un balance de lo ocurrido con las instituciones de seguridad mexicanas durante el último medio siglo. Las Fuerzas Armadas han ganado terreno mientras la procuraduría (ahora fiscalía) y las policías federales han bailoteado entre fiascos y fracasos. Una sola institución mantuvo su esencia pese al cambio de sexenios: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Los presidentes han sido los principales responsables de la inestabilidad institucional. El actual replica lo hecho previamente: buenas intenciones y algunas iniciativas acertadas (las reuniones periódicas de funcionarios de los tres niveles en las Mesas de Paz) con errores tan graves como el endiosamiento de los militares o la exclusión de la participación ciudadana. Ambos son indispensables, aunque por diferentes razones. 

Ante el incremento de la presencia criminal, el Senado tiene la oportunidad de iniciar una cirugía a fondo que sea capaz de frenar a los criminales. Además de incorporar planteamientos como los presentados por Movimiento Ciudadano el 22 de septiembre, debe darse prioridad a la participación de la sociedad organizada que ha acreditado en los hechos lo indispensable de su participación y tomar en cuenta la geopolítica en la definición del problema y en la solución. México es base y nudo de comunicaciones criminales porque colinda con Estados Unidos y Centroamérica y porque está ubicado entre dos océanos.  

Otra parte importante de responsabilidad se debe a un hecho preocupante: salvo excepciones, el Congreso ha estado ausente del tema; ha sido comparsa del Presidente en turno. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, por ejemplo, es un tigre de papel que ha desatendido su obligación de vigilar al gabinete de seguridad. 

Comparemos la manera en que Estados Unidos contuvo el empoderamiento del crimen organizado nacido durante la Prohibición (1920-33). El ejecutivo estuvo paralizado durante varias décadas porque el FBI de Edgar Hoover se aferró a la tesis de que la Mafia no existía y evitaba que el gobierno federal se involucrara; para Hoover, el combate a las mafias era responsabilidad de las corporaciones policíacas estatales y municipales. Tres senadores fueron clave en la reorientación de la estrategia apoyándose en aportes de académicos, periodistas, empresarios y organizaciones cívicas. 

Durante los años cincuenta, Estes Kefauver interrogó a los grandes mafiosos y a sus cómplices gubernamentales en audiencias transmitidas que se convirtieron en un fenómeno televisivo que mejoró la comprensión social del fenómeno. Años más tarde, Robert Kennedy le dio un nuevo impulso a la acumulación de conocimiento. El senador clave fue John McClellan quien, acompañado de un profesor de la Universidad de Notre Dame, diseñó las leyes RICO que, aprobadas en 1970, contenían el instrumental requerido para el descabezamiento y fragmentación de las cúpulas de lo que Robert Kennedy bautizó acertadamente como “gobierno invisible”. 

Volviendo a México, sería deseable que –independientemente de los acuerdos sobre la Guardia Nacional–, la cámara de senadores se convirtiera en la fragua donde durante el próximo año los legisladores, partidos y actores sociales forjaran una estrategia de seguridad consensuada con la sociedad. Un documento de ese tipo se convertiría en insumo indispensable para las campañas electorales de 2024. 

Esperemos que el Senado aproveche la pausa para empezar a tejer unas reformas adecuadas para la contención del tsunami criminal. La ausencia del Congreso ha sido una de las principales razones por las cuales han naufragado las buenas intenciones de siete presidentes. El conocimiento especializado y el consenso entre gobierno y sociedades es el mejor antídoto frente a las ocurrencias de presidentes que se consideran infalibles. La seguridad nacional, entendámoslo de una vez, es un asunto de gobierno y sociedad. 

@sergioaguayo

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