“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder”.
Luis Donaldo Colosio
El Presidente tomó ayer por sorpresa a los asistentes a la mañanera al declarar: “Yo di la instrucción al Secretario de la Defensa, por escrito”. Al principio no quedó claro a qué se refería. El reportero con el que estaba dialogando preguntó: “¿La instrucción de qué?”. Él respondió: “De que se cumpliera con lo que establecía el informe de la Comisión (para la Verdad). Yo le dije al Secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”.
López Obrador estaba revelando la manera en que intervino personalmente en las órdenes de aprehensión contra militares por el caso Iguala. “Hay intereses -explicó-. Buscaron reventar la investigación hablando de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino, son soldados. Pero ¿por qué meten a los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército y que íbamos a dar marcha atrás”.
En realidad, la Fiscalía General pidió y obtuvo el 19 de agosto 83 órdenes de aprehensión; 20 eran contra militares, dos de ellos generales. Después retiró 21, 16 de militares, una de un general, para dejar cuatro vigentes (no cinco) para militares. La más relevante es la que se ha ejercido contra el general en retiro José Rodríguez Pérez, quien con el grado de coronel fue comandante del 27 batallón de infantería en Iguala y está siendo juzgado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, junto con tres subalternos, un capitán, un subteniente y un sargento, quienes enfrentan además procesos por desaparición forzada.
Las declaraciones permiten entender por qué los cuatro militares en proceso se presentaron formalmente ante las autoridades judiciales y están recluidos en el campo militar Número 1 y no en una cárcel civil, mientras que el Mandatario mismo, y no el fiscal general Alejandro Gertz Manero, es responsable del retiro de las otras 16 órdenes contra militares.
La visión que surge de estas declaraciones es la de un Presidente que busca administrar personalmente el detalle de las investigaciones y las acciones legales. Él ordena al Secretario de la Defensa que se presenten cuatro militares acusados y al Fiscal que retire órdenes de aprehensión contra otros 16 (no explica, en cambio, por qué se retiraron las cinco contra civiles).
El Presidente no mostró preocupación ayer por la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien representaba los intereses del GIEI y del movimiento Ayotzinapa: “No les gustó que se actuará así, ni les gustó el informe. Al fiscal que estaba, por eso planteó su renuncia”. En cambio, le ofreció un fuerte espaldarazo al subsecretario Alejandro Encinas: “El Presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la Comisión. Tiene todo nuestro apoyo. Y si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía, y todo lo que resiste apoya”.
A mí me preocupa que el Presidente quiera microadministrar un proceso judicial. Lo mejor es que los fiscales tengan libertad para investigar y los jueces para juzgar. El Ejecutivo no tiene por qué meterse; no es facultad suya decidir que 20 órdenes de aprehensión contra militares son muchas o pocas. Por lo pronto estamos viendo que presionó al Secretario de la Defensa para aceptar el proceso de cuatro militares, pero ordenó al Fiscal General que retirara las órdenes de aprehensión contra 16. No conocemos realmente, sin embargo, las pruebas de ninguno de los casos.
GIEI
Los integrantes del GIEI cuestionaron ayer a la Sedena y al fiscal general Gertz Manero. Lamentaron además la renuncia del fiscal especial Gómez Trejo. Pero en lugar de anunciar su salida del País, pidieron un mes más para continuar con su trabajo.
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