Vaya enredo que trae el Gobierno de la Cuarta Tumefacción con la “verdad” del caso Ayotzinapa. Esto tras la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien encabezaba la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, a causa de -en esencia- repudiar la intervención del fiscal general Gertz Manero (de quien dijo el Presidente que cuenta con su respaldo) a la hora de girar órdenes de aprehensión en relación al caso.
El fiscal Gómez, o su oficina, giró órdenes de aprehensión que después fueron canceladas por la misma FGR, “corrigiéndole la plana” al encargado de resolver este caso. O sea que los tres años y tres meses que el fiscal dedicó a esclarecer la masacre de 43 estudiantes normalistas de Iguala resultaron de oquis, pues aunque logró avances significativos sumando hechos antes desconocidos, a la hora de la hora no lo dejaron hacer justicia y lograr que respondan por su responsabilidad varios actores principales que ni siquiera serán citados a declarar por la FGR.
Adicionalmente, de manera un tanto insólita, tras aportar pruebas en forma de grabaciones, las autoridades norteamericanas (el Departamento de Estado) instaron al Gobierno mexicano a esclarecer el caso con transparencia y justicia para así generar confianza en la justicia mexicana. Algo que no está logrando este Gobierno, al contrario, con tanta intervención política por parte del Gobierno en la impartición de justicia, éste parece más interesado en proteger a ciertos actores del sector armado del País.
Esto lo implica, lo dice, la postura que asumió el Presidente en la mañanera del lunes (en la que no cantó, pues esa fue el miércoles cuando el señor desentonó una vieja canción que en su época hiciera famosa Pedro Infante: “Si te vienen a contar cositas malas de mí…”) cuando acusó que hay quienes quieren “desprestigiar” y “debilitar” a nuestro Ejército por su participación en el caso Ayotzinapa. Lo anterior constituye una mentira: nadie quiere desprestigiar al Ejército, lo que se pide es que los involucrados -que no es todo el Ejército- sean llamados a cuentas.
Esto en aras de la justicia, pero una justicia en los hechos, no sólo en los dichos y que demuestre que en México se respetan los derechos humanos. Ello, para comenzar, desterrando la impunidad.
En su esencia más pura, la justicia es la verdad, pero cómo demonios podemos descubrirla si no permite el Gobierno que el Fiscal -que él mismo nombró- al que se le encomendó esta tarea pueda cumplir cabalmente su encargo, pues se interviene e interfiere con su investigación, extendiéndoles a posibles involucrados un manto de protección, convirtiéndolos en “intocables” que quedan ubicados por encima de la ley. Lo anterior dista mucho de poder considerarse “justicia”.
Ahora que quede claro, éste su escribano (como pensamos que es el caso de la mayoría de los opinadores críticos del manejo -pasado y actual- del caso Ayotzinapa) no tiene absolutamente nada en contra del Ejército, ni de su titular, ni de nadie. Como solemos decir: ni los conocemos ni los queremos conocer.
Conceptualmente, nos parece un error la militarización del País, convertir a las Fuerzas Armadas en ajonjolí de todos los moles, como también nos parece algo contrario a la justicia otorgarles impunidad a posibles responsables sólo por pertenecer a las Fuerzas Armadas.
No se puede confundir la responsabilidad individual con la institucional, es decir, el que haya habido uno o más militares involucrados en la desaparición, hacer justicia no perjudica al Ejército, al contrario, lo fortalece. De manera que no compramos para nada la línea presidencial de que pedir que se haga justicia constituya un acto que “debilita” y “desprestigia” al Ejército.
Lo que sí lo debilita y perjudica -¡y mucho!- es que en él ejerzan mando (y considerable) personas que tuvieron que ver con los intolerables hechos barbáricos de Iguala, y que se les permita evadir las consecuencias de haberse coludido con un cártel de las drogas para cometer una atrocidad, reñida con todas las leyes y conceptos humanitarios conocidos. ¡Nada ni nadie puede justificar semejante atropello a las leyes y a los derechos humanos!
En este caso, no se trata ni de prestigio ni de desprestigio, se trata de hacer justicia, de destapar la verdad sin importar consecuencias, si acaso hubo -como la evidencia parece indicar- una actuación indebida de militares, se trataría de un acto individual por el que tiene que responder quien lo cometió, y no el Ejército en conjunto.
El Presidente maneja sofismas enturbiadores -y perturbadores-, pues parece inclinarse por querer tapar la verdad y no descubrirla.