“Si se actúa con transparencia -que es la regla de oro de la democracia–, si no se miente, si se habla con la verdad, ¿qué problema puede uno tener?”.
Andrés Manuel López Obrador
El Gobierno tiene obligación de hacer pública su información. Sus acciones se hacen siempre en representación de los gobernados. Las excepciones, como la seguridad nacional, deben ser muy pocas y aplicadas de manera estricta. Las personas, en cambio, tenemos derecho a la privacidad. Esta no debe ser violada por el Estado.
El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, condenó el 24 de septiembre la divulgación de partes del informe de la Comisión para la Verdad del caso Iguala: “Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”. Solicitó “a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Es muy común que una autoridad quiera investigar al filtrador de una información, o a quien la divulga, en lugar de aceptar el derecho a la transparencia; pero en el informe de la Comisión para la Verdad las partes testadas incluían la información fundamental del nuevo relato sobre lo ocurrido en Iguala y municipios vecinos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Sin esas secciones censuradas, no se entiende la versión, ni la afirmación de Encinas de que “fue el Estado”. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad.
Es falso que la divulgación de un informe que debió ser público sea “una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”. La mayor expresión de respeto es que se haga justicia. Pero difícilmente habrá justicia si la autoridad trabaja sobre hipótesis falsas y las oculta para evitar un escrutinio crítico.
El presidente López Obrador tiene un mayor ánimo de transparencia. Mientras Encinas pedía investigaciones, él declaraba que no estaba de acuerdo con que se ocultaran partes tan relevantes del informe. AMLO, de hecho, ha declarado a Julian Assange como el mejor periodista del mundo por haber obtenido y publicado filtraciones de documentos y videos oficiales de Estados Unidos, como sobre el maltrato y torturas a prisioneros en Guantánamo, Cuba, y Abu Ghraib, Afganistán. Ahora que un grupo de hackers autodenominado Guacamayas ha robado 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa, él lo ha tomado con filosofía. En su conferencia de prensa de este 30 de septiembre, incluso bromeó sobre el tema.
Hay razones para cuestionar la divulgación de información sobre la salud del Presidente. Como persona, tiene derecho a la secrecía de su información de salud; pero, además, la información sobre la salud del gobernante puede ser considerada un tema de seguridad nacional. El Presidente, sin embargo, ha tomado el tema con sentido del humor: “Sí, yo estoy enfermo. Es del dominio público, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado”. Es cierto que el Presidente mintió con anterioridad, al afirmar que estaba sano, pero aprecio su actitud y que haya puesto “Que no me quiso el Ejército” de su favorito Chico Che en la mañanera para subrayarlo. Lo que sí es una violación a las leyes sobre transparencia es la divulgación que el Presidente ha hecho sobre los ingresos y las propiedades de un ciudadano privado, Carlos Loret de Mola.
Muchas más revelaciones importantes pueden esconderse detrás de una filtración de 6 terabytes. Habrá que juzgar cada caso en lo individual. Por lo pronto, el Presidente ha manejado bien la información sobre su salud. Como él mismo dice, la transparencia debería ser la regla de oro de la transparencia.
Helicópteros
Siete desplomes de helicópteros de la Marina desde 2020 con 18 muertes. La caída del Black Hawk el 15 de julio de 2022, tras la captura de Rafael Caro Quintero, fue por falta de combustible. Necesitamos transparencia.
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