“Ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los ‘conservas'”.
Andrés Manuel López Obrador
En muchas ocasiones el presidente López Obrador ha sacado el pañuelo blanco para afirmar que ya no hay corrupción en el país. “Más claro ni el agua. El gobierno estaba organizado para robar. Era un comité al servicio de una minoría rapaz. No les importaba el pueblo. Eran negocios, bisnes”, declaró el 11 de marzo de 2021.
Siempre es difícil medir la corrupción. El Mandatario no señala qué indicadores le permiten afirmar que ha sido erradicada, pero hay indicios de que se mantiene en niveles muy altos o que incluso ha aumentado.
La corrupción prospera en la opacidad y se debilita en la transparencia. Por eso en 2016 se modificó el artículo 134 de la Constitución para señalar que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra” de todos los niveles de gobierno “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
El Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador señalaba que “uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es, sin duda, la corrupción”. Para combatirla, apuntaba, “resulta fundamental respetar la ley”. Con Andrés Manuel, “no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad”.
Sin embargo, en el gobierno del “y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, la realidad ha sido distinta. De 157,796 contratos de la administración pública federal registrados en Compranet en 2021, 80.3% se adjudicaron de manera directa, 10.3% se licitaron públicamente y 6.1% se licitaron con invitaciones restringidas. Un 3.2% adicional se realizaron con otros mecanismos (MCCI). Al entregar los proyectos más importantes a las fuerzas armadas, y declararlos temas de seguridad nacional, se ha descartado cualquier posibilidad de transparencia.
En el Proyecto de Nación se reconocía que una parte de la corrupción se materializaba en “el robo directo a las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos”, pero reconocía “otra vertiente de la corrupción”: cuando los distintos niveles de gobierno fomentan “la sobrerregulación de las actividades públicas más simples, lo que lleva a que los mexicanos tengan que recurrir al soborno para agilizar sus trámites”. En este gobierno, que ha utilizado cada vez más recursos para programas asistencialistas y ha multiplicado la sobrerregulación, la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado de manera alarmante. Uno de los ejemplos más notables está en la virtual imposibilidad de obtener una cita en el SAT para dar de alta una empresa sin el pago de un soborno.
El Proyecto de Nación citaba varios estudios internacionales, como el Índice de Percepción de Transparencia Internacional y el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, para argumentar que México sufría un grave problema de corrupción. Esos mismos indicadores siguen colocando a nuestro país en los bajísimos niveles de antes: Transparencia Internacional nos pone en el lugar 124 de 180 países. Son indicadores subjetivos, es cierto, pero no apuntan a una mejoría; mucho menos sugieren que la corrupción esté ya erradicada.
Jefe del SAT
Según el politólogo Carlos Trigos, Antonio Martínez Dagnino, nuevo director del SAT, tiene 29 años, pero su cédula profesional como contador es de 2011. Esto significaría que habría terminado la universidad a los 17. Traté de revisar su información biográfica en el portal del gobierno, pero la ficha ya no está ahí.
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