“Cuando hay un solo ladrón, es robo. Si son mil, se llama impuesto”.
Vanya Cohen
El gobierno es insaciable. No solo cobra impuesto sobre la renta, IVA, predial, IEPS y muchos otros, sino que, además, si te descuidas, te puede quitar tus ahorros bancarios. La disposición existe desde hace tiempo y despoja de sus recursos principalmente a las personas de mayor edad. Hasta ahora el botín de este robo en despoblado, que quizá deberíamos llamar “en olvido” para ser más precisos, se utilizaba para la “beneficencia”. Ahora los políticos quieren tomarlo para financiar los gastos del gobierno en seguridad pública.
El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito ha legalizado este robo desde hace años. El primer párrafo establece que los montos depositados en cuentas bancarias que “no tengan fecha de vencimiento” o que “se renueven en forma automática”, y “en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por retiros o depósitos., deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos”.
La manera en que se define la falta de movimientos es bastante tramposa. Los depósitos por réditos, por ejemplo, no cuentan; tampoco los cobros de comisiones. El sistema está hecho para primero separar y después confiscar estas cuentas. La ley establece el requisito de que los bancos deben dar “aviso por escrito” de la congelación de las cuentas, pero a mí en una ocasión el ya desaparecido Banco Ixe simplemente me congeló una cuenta y no me enteré sino hasta el día en que me presenté a hacer una transacción.
Después de tres años en esa cuenta global, o concentradora, “los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses. prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública”, dice la ley actual. Se podían confiscar, sin embargo, solo recursos por valor de hasta 300 días de salario mínimo.
Las reglas están cambiando. Este 11 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en fast track una iniciativa que ordena que estos fondos confiscados se usen para seguridad pública. Se eliminó, además, el tope de los 300 salarios mínimos. La iniciativa se aprobó con 366 votos a favor y 162 en contra.
La idea del gobierno al impulsar esta iniciativa, y hacerla aprobar como si fuera de obvia resolución y con dispensa de trámites en la Cámara de Diputados, es obtener dinero para cubrir el hueco generado por la modificación de la iniciativa que amplía el uso de la fuerza armada permanente en labores de seguridad pública. La propuesta de presupuesto de egresos de la federación 2023 ya considera el gasto de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, pero no la partida adicional que las modificaciones de la ley en el Senado han comprometido para las policías estatales y municipales. Lo lógico habría sido considerar este gasto en el presupuesto para 2023, que todavía no se aprueba, pero ya sabemos que al presidente no le gusta que le cambien ni una coma a sus iniciativas.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Los legisladores citaron la cifra de 10,000 millones de pesos, pero según el abogado Javier Tejado Dondé el monto real es de 35,000 millones, una vez considerada la eliminación del límite de 300 salarios mínimos.
Si bien el despojo de cuentas inactivas ya existía, hoy es momento de señalar su injusticia. La mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad, que por razones de salud no acuden ya a hacer depósitos o retiros en sucursales, que las olvidan por senilidad o que no saben utilizar la banca telefónica, por internet o por aplicación. Ninguna causa, por buena que sea, justifica despojar a nadie de sus ahorros, más cuando son personas de la tercera edad que no tienen forma de defenderse.
Réplica
Me manda una carta el senador Manuel Velasco sobre mi artículo de ayer: “David León Romero no fue funcionario público en mi gobierno.. Reitero que mi gobierno no apoyó a ningún movimiento político”.
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