“Muchos alabamos la honestidad, pero la dejamos morir de hambre”.
Juvenal
Desde hace mucho tiempo sabemos que la cancelación de las compras consolidadas de medicamentos que hacía el IMSS ha resultado en desabastecimiento y en pagos mayores para los contribuyentes. Hoy tenemos ya, sin embargo, cifras más precisas. El sobrecosto por las compras que se realizaron a través de la UNOPS se eleva a cuando menos 4,549 millones de pesos, según Enrique Martínez del Instituto Farmacéutico (Inefam). Este es el costo de la austeridad republicana convertida en pobreza franciscana.
Ante este dispendio extravagante vale la pena recordar que las compras consolidadas fueron canceladas por presuntos actos de corrupción que nunca se detallaron ni se judicializaron. No hay hasta este momento una sola acusación formal por las compras consolidadas que realizaba el IMSS en representación de todo el sector público de salud; no hay siquiera un señalamiento de alguna transacción que pudiera haber sido irregular; no hay cargos contra ningún funcionario o exfuncionario del IMSS, ni contra algún ejecutivo de la industria farmacéutica. El presidente López Obrador simplemente decidió, sin ninguna investigación previa o posterior, que esas compras eran corruptas. Al quitarle al IMSS el proceso para dárselo primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, después a la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) y ahora al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) y a las instituciones individuales de salud, sin embargo, ha provocado un desabastecimiento que ha costado cientos o miles de vidas y precios mayores.
Es difícil entender el razonamiento de reemplazar un proceso que funcionaba bien por otro ineficiente y más costoso. El presidente examina temas sin conocimiento previo, pero sí con prejuicios, y toma decisiones como si estos hubieran quedado comprobados. Lo ha hecho una y otra vez en temas diversos. Busca, además, funcionarios que le tengan obediencia ciega, aunque no sepan nada del tema del que se responsabilizan. Ha sido el caso de Raquel Buenrostro, que desde la Oficialía Mayor de Hacienda tomó originalmente el compromiso de hacer unas compras de medicamentos de las que no entendía nada, o Juan Ferrer, titular del INSABI, cuya experiencia previa en salud había sido dirigir centros arqueológicos.
Lo más curioso es que AMLO tiene a un director general del IMSS, Zoé Robledo, al que supuestamente le tiene confianza. Este ha logrado, hasta donde podemos ver, un buen desempeño al frente de la institución. Tiene además fama de honesto. No se entiende así por qué AMLO, en lugar de dejar el proceso en sus manos, ha preferido experimentar con funcionarios e instituciones sin experiencia que solo han provocado desabastecimiento y costos más elevados.
Quizá al presidente no le interesan los resultados prácticos. Tiene una inclinación extraña por entregar la administración de temas complejos a funcionarios que se distinguen por su lealtad y obediencia, pero no por su conocimiento. Así, le ha encargado al canciller la compra de vacunas, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México la reparación de un aeropuerto y al secretario de la defensa la construcción de otro aeropuerto y de un tren. Es un gobernante al que le gusta que quienes se hacen cargo de las tareas no piensen o cuestionen, sino simplemente obedezcan.
El costo de la improvisación, no obstante, está siendo enorme. Cancelar las compras consolidades del IMSS ha provocado no solo desabastecimiento de medicamentos, sino costos mucho mayores de adquisición. Esto no es austeridad republicana ni pobreza franciscana, es simple ineptitud.
Renuncia
Ayer trascendió que la nueva secretaria de economía, Raquel Buenrostro, le pidió la renuncia a la subsecretaria de comercio exterior Luz María de la Mora. Gravísimo error. De la Mora es quien conoce el T-MEC. Espero que no manden a un coronel a negociar.
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