La seguridad nacional es demasiado importante para dejarla exclusivamente en las manos de los gabinetes presidenciales y militares. En esta difícil etapa la ciudadanía debe centrar su atención en el hackeo a la Sedena y en los gobiernos locales.
México tiene 2,471 municipios más las 16 alcaldías de la capital. Un buen número de ellos están en la mira criminal porque son las puertas de acceso al aparato estatal. Son altamente vulnerables y ofrecen una base territorial ideal para la ampliación de negocios cada vez más diversificados. Otro aliciente es el acceso a presupuestos y obras públicas. Las cifras confirman la ferocidad del asalto.
En el proceso electoral que inició en septiembre de 2020 y culminó en junio de 2021 asesinaron a 32 aspirantes a puestos de elección popular. De ellos, 27 buscaban cargos municipales, cuatro ambicionaban curules de congresos locales y uno soñaba con despachar en San Lázaro. El acoso trasciende las etapas electorales para volverse permanente. Data Cívica monitorea la violencia política y acaba de emitir un boletín sobre el saldo del mes pasado. En septiembre de 2022 ejecutaron a 17 policías municipales, 2 estatales y un guardia nacional. Otro indicio de la disparidad hacia los federales.
Algunos gobiernos locales han sabido frenar la criminalidad y proteger mejor a sus policías y ciudadanos; un ejemplo de ello es Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, localidad clave para los carteles, frecuentemente mencionada como ejemplo de buena policía vecinal (está bien pagada, armada y organizada). Para utilizar el mismo indicador del párrafo previo, llama la atención que en los últimos siete años la delincuencia solo haya matado a un policía en Neza. Explico un porqué mencionado en un texto de Arturo Alvarado, investigador de El Colegio de México: los éxitos se deben a que las autoridades municipales establecieron “vínculos genuinos con la comunidad” (Desacatos, mayo-agosto 2019).
La afirmación de Alvarado está avalada por la realidad. La criminalidad disminuye en aquellas ciudades donde hay consenso entre gobierno y organismos ciudadanos sobre las políticas de seguridad. Si los últimos siete presidentes han sido renuentes a la incorporación de opiniones ciudadanas a sus estrategias, puede inferirse que su ausencia es una de las causas del empoderamiento criminal. Si el país sigue resistiendo el embate criminal es porque los medios de comunicación independientes y las organizaciones sociales continúan monitoreando, proponiendo y denunciando.
El actual presidente es un caso extremo. Llevamos cuatro años de repudio y acoso deliberado de la sociedad organizada. La tolera a regañadientes y su ambivalencia se observa en las dos comisiones de la verdad creadas por el actual gobierno (Ayotzinapa y los desaparecidos de la Guerra Sucia). En ambas instancias participan representantes de las víctimas que tienen años exigiendo la apertura de los archivos y las instalaciones militares. Las reticencias castrenses han sido enormes; simplemente no quieren rendir cuentas porque sienten el respaldo del presidente.
Lo verdaderamente importante es la enjundia y determinación con la cual el presidente y Morena impusieron su voluntad. Sin fundamento eliminaron los esfuerzos por crear una policía federal. Durante los próximos años la principal responsabilidad de combatir al crimen organizado recaerá en los militares. Para ellos serán las medallas, pero también los reclamos. Entretanto, el ejecutivo se dedicará a regar el territorio con becas, subsidios a los más necesitados y promesas, muchas promesas. Esperan cosechar votos y cargos.
Por ahora, la historia les está jugando una mala pasada. El 29 de septiembre empezó a conocerse el contenido del hackeo a los archivos militares. La avalancha de información ha sido enorme y quienes la están analizando coinciden en que el gobierno ha estado informado sobre el poder criminal y que la política de pasividad y abrazos es deliberada y repercute, lo vemos, en un empoderamiento criminal sin precedentes.
Ante este panorama es fundamental dar seguimiento al vertiginoso acontecer (o al menos intentarlo) mientras ponemos atención a los gobiernos locales. Es momento de pensar en lo municipal porque ahí se libran las batallas que decidirán el desenlace de la cruenta violencia.
@sergioaguayo