“Mire vuestra merced. que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento”.
Sancho Panza
Apenas en enero de 2021 entró en operación el Parque Eólico Santiago, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, con 50 aerogeneradores con capacidad total de 105 megavatios (MW). La generación anual era de 241 gigavatios hora (GWh), lo cual equivalía a suministrar electricidad limpia a 38 mil hogares. La operación eliminaba la emisión de 108 mil toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera.
En México, sin embargo, el gobierno está empeñado en castigar la generación de electricidad privada, especialmente de Iberdrola. Santiago Eólico, como se conoce la instalación, es propiedad de esta empresa española, la cual se ha convertido en el molino de viento favorito en que el presidente López Obrador ve “desaforados gigantes”.
El 31 de octubre, tarde de Halloween, la central de Santiago Eólico fue desconectada por la Comisión Federal de Electricidad, que a pesar de ser un participante en el mercado se ha adjudicado también el papel de regulador. “Para que se entienda de mejor forma la arbitrariedad”, comentó en Twitter Gonzalo Monroy de la consultora GMEC, “es como si Walmart llega y le cierra una tienda a Chedraui, como si llega Oxxo a cerrar un Seven Eleven, si la Coca llega a cerrar una planta de Pepsi. CFE no es una autoridad y acaba de cometer un ilícito”.
No es esta la primera planta de Iberdrola desconectada este año. El 1o de septiembre el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) desconectó la central de ciclo combinado Enertek de Altamira, Tamaulipas, que suministraba electricidad principalmente a plantas químicas y petroquímicas. El 31 de enero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le negó a la planta Dulces Nombres de Nuevo León, también de ciclo combinado, que operaba bajo el régimen de autoabastecimiento, la migración al sistema de mercado eléctrico al que legalmente tenía derecho y la Cenace la desconectó. Iberdrola aún tiene 24 plantas en operación en nuestro país.
La desconexión de Santiago Eólico la ordenó la CFE abruptamente y sin cumplir con los procedimientos legales para rescindir un contrato de interconexión. La CFE ICL (Contratos de Interconexión Legados) notificó la decisión a la Cenace que “disparó el interruptor sin previo aviso”, creando una situación de riesgo. La excusa legal es que la planta se construyó a unos kilómetros del predio en que se dio la autorización inicial. Desde un punto de vista técnico, la distancia no representa ningún problema. La CRE se ha negado a autorizar el cambio de ubicación, pero el tema sigue en litigio. En ningún caso, de todas formas, la decisión la puede tomar la CFE ICL. Lo que es claro es que el gobierno está buscando excusas para cerrar plantas de Iberdrola.
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Cocamin), José Abugaber, declaró el 7 de noviembre en León: “Estamos muy preocupados porque Cenace canceló el contrato y según sabemos lo hizo arbitrariamente. Debe de cumplir un proceso, debe de tener una notificación y no estaban los tiempos para haberlo hecho. Hoy en día necesitamos energía, energía limpia, mejores condiciones, y esos son mensajes muy malos a nivel nacional”.
Uno podría entender que el gobierno decidiera ya no aceptar inversión privada en electricidad, pero el cierre de plantas en operación, que han cumplido con las leyes vigentes, es una expropiación indirecta sin indemnización. Al desconocer contratos y cerrar plantas, México está mandando un mensaje de que las inversiones en nuestro país no tienen garantías jurídicas, y todo porque tenemos un presidente que confunde los molinos de viento con desaforados gigantes.
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AMLO anunció ayer que la sección Quién es Quién en las Mentiras de su programa matutino se presentará todos los días. No sorprende. La propaganda es la parte más importante de este gobierno.
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