“Siempre haz que tu talento hable por ti, nunca tus berrinches”.
Rasheed Ogunlaru
Nadie podrá acusar al presidente López Obrador de haber pretendido ser equilibrado o neutral en su plan B. La iniciativa afirma: “Uno de los legados más nocivos de los gobiernos neoliberales fue la proliferación de instituciones ‘descentralizadas’ y ‘autónomas’ que sirvieron para otorgar cuotas a grupos de poder de la ‘sociedad civil’, intelectuales orgánicos, cooptados y convertidos en satélites de las cúpulas partidistas. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el mejor ejemplo de este tipo de organismo. En vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México a la democracia.”.
La iniciativa, como este párrafo sugiere, está hecha desde el hígado. Busca simplemente debilitar al INE. Por eso el Presidente no quiso que siquiera se discutiera en la Cámara de Diputados. Sometió la reforma al Congreso el martes 6 de diciembre y ese mismo día Morena la sometió a votación con dispensa de trámites. Los diputados, todavía en la discusión y votación de la reforma constitucional, no tuvieron tiempo de leer las 307 páginas de la nueva iniciativa. Los únicos cambios que se permitieron fueron los que pidieron los partidos satélite del gobierno, el PT y el PVEM, para no perder el negocio (el registro) aunque no obtengan el mínimo de 3 por ciento de los votos.
El plan B, dice AMLO, logrará un ahorro de 3,500 millones de pesos, pero no hay ningún soporte documental para la cifra; tampoco un análisis de las consecuencias operativas de los recortes y modificaciones estructurales del INE. En algunos casos ni siquiera se sabe cómo se aplicarían estas medidas. La iniciativa, por ejemplo, “elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional”, pero, como ha señalado el consejero Ciro Murayama, este servicio no cuenta con una “rama administrativa”.
La iniciativa decreta que los órganos distritales pasen “de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante período no electoral”. ¿Qué significa? La propia iniciativa dice que no habrá órganos temporales permanentes, o sea, no operaría ninguno en períodos no electorales, pero añade que su número se reduciría “a aproximadamente 260” en esos períodos no electorales. Es un galimatías.
La iniciativa señala que “en ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales”. La idea es impedir que un candidato, como fue el caso de Félix Salgado-Macedonio, pueda perder su candidatura, aun cuando viole la legislación electoral. Habrá así libertad de violar cualquier regla.
Son muchas más las disposiciones de este plan B, pero es difícil determinar todas sus consecuencias. Como tantas otras iniciativas de la 4T, esta se caracteriza por su falta de técnica legislativa y por la ausencia de estudios sobre sus consecuencias jurídicas o financieras. Algunas medidas parecen inconstitucionales, pero habrá todavía que analizarlas a fondo, aun cuando la iniciativa ya ha sido aprobada por los diputados.
La reforma a las leyes electorales secundarias es un simple berrinche del Presidente. Con razón no quiso que se analizara, o se leyera siquiera, antes de que la aprobaran en fast-track en el pleno sus fieles diputados. Aun si la aprobara el Senado, sería imposible de aplicar.
Perú
Después de que el presidente Pedro Castillo del Perú ordenó la disolución del Congreso y la imposición de un estado de excepción, en lo que constituía un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder, el Congreso aprueba una moción para destituirlo. Dina Boluarte es nombrada presidenta.
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