La 4T presume haber incrementado el salario mínimo en forma importante, asumiendo que eso reducirá la pobreza. No será así. Si fuera el caso, multipliquémoslo por diez o por cien y seremos un país rico. En el extremo, en Escandinavia y Suiza no hay salario mínimo. Evidentemente, eso no evita que a los trabajadores se les compense en forma justa.
En teoría, 13.3% de los asalariados de tiempo completo cobran salario mínimo en México, según el censo de 2020. Es probable que la cifra real sea menor. Es común que algunas pequeñas empresas registren a los trabajadores en ese nivel, pero los compensen en efectivo por debajo de la mesa. Hacen eso para ahorrarse la onerosa carga social (alrededor de 16%) y beneficios (15% más).
En México parecemos determinados a encarecer la participación en la economía formal. Los patrones asumen un riesgo alto al contratar, sabiendo que si el empleado no da resultados, tendrá que pagarle una cara liquidación y, si hay un conflicto, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomará su lado. Además, tendrá que bregar con sindicatos que, en muchos casos, se dedican más a extorsionar que a proteger los derechos de los trabajadores.
Buenos economistas como Luis de la Calle y Santiago Levy han hecho análisis interesantes sobre el efecto de la extorsión en nuestra economía y para entender por qué tantas empresas no crecen en México. Muchos negocios prefieren quedarse a nivel familiar porque saben que si crecen y prosperan serán sujetos de niveles adicionales de extorsión, tanto de criminales, como de inspectores o auditores de entidades estatales.
Incrementar el salario mínimo, sin ton ni son, sólo encarece la entrada de los trabajadores a la formalidad. Ese acceso es deseable. Permite, por ejemplo, que un joven tenga una primera experiencia en un trabajo formal, le permite ser entrenado, recibir prestaciones y eventualmente tener acceso a ahorro y crédito. ¿Debe ganar suficiente para mantener a una familia? No necesariamente, pues quizá sea uno de varios miembros de su familia percibiendo ingresos.
En un estudio hecho por el profesor Jeffrey Clemens en la Universidad de California en San Diego, entre 2006 y 2009, las alzas en el salario mínimo federal en EU provocaron 43% de la reducción en el empleo entre jóvenes y trabajadores no calificados. El estudio demuestra que salarios mínimos más altos desincentivan la contratación de jóvenes sin estudios de preparatoria, a los que las empresas estarían dispuestas a contratar a un costo bajo, para invertir en su entrenamiento, permitiéndoles acceder a mayor ingreso después. Sin esa posibilidad, quedarán condenados a la informalidad y al estancamiento. En parte, eso explica que en EU el desempleo entre negros e hispanos sea tanto más alto que entre blancos, y también la alta desocupación entre adolescentes.
Es evidentemente deseable que los trabajadores ganen bien. Pero eso no se resuelve con incrementos al salario mínimo, sino incentivando su capacitación para el desarrollo de habilidades que incrementarán su productividad y les permitirán acceder a mejor paga. Se logra incentivando a las empresas a invertir en bienes de capital y en tecnología que potencien la capacidad de cada trabajador, con el mismo objetivo.
La alta pobreza laboral en México es escandalosa e inaceptable. Pero aumentar salario mínimo, como medida aislada, en poco abona a resolver el problema. Necesitamos invertir en educación que permita que nuestros niños y jóvenes alcancen su potencial, necesitamos certificar habilidades laborales que permitan que más trabajadores puedan cobrar mejor, como resultado de sus licencias.
Este gobierno parece no querer fomentar la movilidad social. Prefieren que las familias permanezcan en la pobreza, dependiendo del magro apoyo que reciben de programas clientelares, para que el miedo a perderlos les lleve a votar por el partido oficial, y que hasta se presenten a marchar cuando se les convoque.
Es urgente abatir la pobreza. Hay que hacerlo con más políticas serias y menos titulares deslumbrantes.
@jorgesuarezv