José Agustín cuenta que, en los comicios de 1940, en los que Manuel Ávila Camacho fue electo presidente de México para suceder a Lázaro Cárdenas en el cargo, este pudo acudir a votar una vez que los opositores almazanistas que custodiaban su casilla fueron asesinados, y eliminada la sangre que se derramó en el piso. Ya en la casilla, el general comentó: “¡Qué limpia está la calle!”.
La anterior es una crónica incluida en la trilogía del autor guerrerense, pero, en realidad, acciones como esa han sido profusamente registradas y relatadas. Cada versión cambia, de acuerdo con el enfoque que se le imprima, pero en el fondo la lección es una: en México, hasta hace muy poco tiempo, las balas y la violencia eran los factores más frecuentes que inhibían la democracia.
Lo cierto es que ese pasado tan reciente demuestra que la vida democrática en México ha madurado durante las últimas décadas, pero su consolidación requiere aún de cambios que puedan dotar de mejores mecanismos a las instituciones encargadas de resguardarla, a fin de superar los retos y amenazas aún latentes.
En este contexto del proceso de mejoramiento de la democracia debemos entender la discusión en torno a la reforma electoral aprobada por la Cámara de Diputados, la cual contiene modificaciones aceptables y otras, polémicas o inconstitucionales, que merecen el mayor grado de análisis.
Los cambios previstos en la reforma y los que serán incorporados se deben tejer de manera fina y cuidadosa, encontrando un punto de equilibrio que solvente las deficiencias democráticas y respete la autonomía del INE.
Entre los avances que plantea la iniciativa de reforma se encuentran la inclusión decisiva de las minorías en las fórmulas de representación; el voto electrónico que, por fin, tendría cabida para una auténtica modernización de la vida electoral de México; la prohibición de recursos públicos o privados que, de manera indebida e ilegal, utilizan políticos y gobernantes.
Estos y otros avances se pueden valorar en el proceso legislativo, sin desapercibir normas jurídicas propuestas que resulten contradictorias, o visos de inconstitucionalidad que deben ser analizados con objetividad, velando por la observancia a la Carta Magna.
Está también la composición del Servicio Profesional del INE, que reduce tanto el número de personal especializado como la capacidad técnica y logística de la institución. La reforma no debe propiciar que se desaproveche la capacidad profesional y humana que México alcanzó en 30 años. De manera muy enfática, y con responsabilidad, tenemos que garantizar que el INE ofrezca los mejores servicios y bienes públicos tan valorados por nuestra sociedad.
No hay que pasar por alto que la iniciativa incluye otras disposiciones que podrían poner en riesgo el desarrollo del proceso electoral, ni tampoco cancelar facultades del órgano electoral para emitir normas y criterios, lo cual es consustancial a su labor y autonomía constitucional.
También hay que evitar que algunos cambios de último minuto, originalmente no enviados por el presidente de la República, se alejen de los principios constitucionales. El voto ciudadano plasmado en la boleta debe ser el único criterio de permanencia en el sistema electoral. Asimismo, el Legislativo debe cuidar los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto.
Los pros y contras de la iniciativa, por su importancia y valor en la vida pública de México, deben ser analizados. Su debate, modificaciones y posible aprobación requieren un estudio objetivo y rigor constitucional; un enfoque que permita avanzar y consolidar la democracia en nuestro país.
Por todo esto, debemos blindar la iniciativa de reforma, respetando escrupulosamente el proceso legislativo; cuidando su constitucionalidad y soldando su legalidad, sin arriesgar la profesionalización de los órganos técnicos encargados de organizar las elecciones para renovar poderes, y ejercer a plenitud nuestra democracia.