“Que encontremos, que sí los hay, mujeres, hombres íntegros, rectos, demócratas, sinceros, para que sean los que conduzcan los procesos electorales”.
Andrés Manuel López Obrador
No, el verdadero plan B no es la abigarrada serie de modificaciones a las leyes secundarias que el Presidente mandó al Congreso. El propósito de estos cambios era castigar al Instituto Nacional Electoral; hacerle difícil, si no imposible, cumplir con sus tareas constitucionales; desmantelar sus estructuras operativas y recortarle recursos.
El verdadero plan B radica en elegir a consejeros electorales alineados con el gobierno. El presidente López Obrador no quiere cometer el mismo error que cuando escogió a cuatro ministros de la Suprema Corte que, ya en el cargo, no se han allanado a sus deseos. “Me equivoqué -dijo el 2 de septiembre-porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.
Efectivamente, AMLO propuso a cuatro de los actuales 11 ministros de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Solo Esquivel y Ortiz han votado de manera consistente a favor de las posiciones del Presidente. González Alcántara y Ríos Farjat han actuado con independencia, a veces en respaldo al ejecutivo, a veces en contra, lo cual ha irritado a un mandatario que esperaba obediencia absoluta.
El Presidente no se quiere equivocar ahora con los cuatro nuevos consejeros electorales, los que reemplazarán a cuatro actuales, entre ellos los odiados Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. El proceso implica primero escoger un Comité Técnico de Evaluación, que definirá las quintetas de las que los diputados elegirán a los nuevos consejeros.
Los integrantes del Comité Técnico deben gozar de “reconocido prestigio” y ser “imparciales”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad de nombrar a dos y ya lo hizo, el 13 de diciembre, aunque sin informar a su Consejo Consultivo, ni a nadie más. Y no sorprende, ya que los elegidos no cumplen con los requisitos. María del Socorro Puga Luévano es jubilada (a los 52 años) y ama de casa; tiene una licenciatura trunca en comunicación y una certificación en “yoga de la risa” (sí, no es broma); es militante de Morena y fue candidata en 2014 para regidora en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El otro es Ernesto Isunza Vera, quien sí cuenta con un doctorado en ciencias políticas y es investigador universitario, aunque ha mostrado inclinación hacia Morena y el gobierno de López Obrador. No ha habido siquiera un intento por fingir imparcialidad.
El INAI es una institución más profesional y seguramente postulará a dos especialistas reconocidos e imparciales para el Comité Técnico. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designará a otros tres, pero como Morena tiene mayoría, y el voto es por mayoría simple, designará seguramente a miembros favorables al partido oficial. A nadie sorprenderá que, con esta mayoría morenista en el Comité Técnico, los nuevos consejeros sean también favorables a Morena.
Ni el plan A ni el B ni ningún otro tiene más intención que garantizar el triunfo de Morena en 2024. La enmienda constitucional buscaba eso, pero fue derrotada en el Congreso. Los cambios en las leyes secundarias fueron aprobados parcialmente, pero serán sometidas a amparos y controversias constitucionales. La verdadera arma mortal del Presidente es cargar el INE con consejeros favorables. El primer paso ya lo dio con los dos impresentables miembros del Comité Técnico nombrados por la CNDH.
Protección
“Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades”, señaló ayer en Twitter Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Supongo que AMLO lo llamará mentiroso y corrupto y lo acusará de ganar más que él.
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