El régimen no alcanzó los votos para decapitar al INE. Ahora busca arrancarle el esqueleto y la musculatura. Uno solo de los contendientes ha cambiado las leyes fundamentales del juego electoral. Lo ha hecho sin buscar el consenso que es indispensable para asuntos de esta naturaleza. Lo ha hecho sin examen ni deliberación, con prisa y, sobre todo, sin argumentos.
Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna. Así define el diccionario del vandalismo. Demolición que encuentra sentido en la devastación de lo que antes estaba de pie. Se rompen los cristales de la tienda, se incendia el aparador, se destruyen los monumentos por la pura emoción del destrozo. Así puede entenderse la filosofía legislativa de un régimen que celebra como trofeo la ruina de las instituciones que aborrece. La primera opción del régimen era muy nociva, pero podía verse ahí una idea del cambio que buscaba. Se trataba de lograr la sintonía entre el árbitro y la mayoría; se buscaba redefinir las fórmulas de la representación legislativa. A la propuesta se le podían hacer muchas críticas, pero había ahí una concepción política. Estaba ahí el trazo básico de un constitucionalismo populista. Eso buscaba: desmontar las bases de la neutralidad institucional, para politizar abiertamente los arbitrajes. Que los árbitros sean nuestros, que se elijan como nos eligen a nosotros. Lo que quedó tras el fracaso de la reforma constitucional fue solo el resentimiento contra la institución a la que se maldice. En el Plan B no queda ningún bosquejo de institucionalidad alternativa, simplemente el deseo de desmantelar pormenorizadamente al órgano que es emblema de la transición.
Vale la pena acercarse al documento que ha preparado el Instituto Nacional Electoral para analizar las consecuencias de la reforma electoral. La reforma es una minuciosa devastación de la autonomía y el profesionalismo del INE. El panorama que se dibuja es alarmante. El país corre el riesgo de perder la plataforma que se construyó durante décadas para garantizar elecciones competidas y confiables. El país puede matar al órgano vital de su democracia. En la Suprema Corte queda la inmensa responsabilidad de rescatar el sostén del pluralismo.
El informe del INE, desde luego, llega tarde. Digo que el informe del INE llega tarde no porque el Instituto hubiera sido indolente. Lo digo porque no hubo nadie dentro del régimen, ni el Ejecutivo ni en el Congreso, que tuviera disposición de escuchar la opinión del órgano que constitucionalmente tiene la tarea de organizar nuestros procesos electorales. Se hace una reforma electoral sin escuchar a quienes organizan las elecciones. La reforma que descompone al INE desde dentro no tomó en consideración la experiencia del INE. La cerrazón es la prueba más evidente del vandalismo legislativo. Desestimar la opinión, la historia de un órgano del Estado mexicano en la reforma que altera los principios básicos de su actuación. ¿Qué diríamos si se aprobara una reforma a la ley del Seguro Social que no escuchara al Seguro Social? Una reforma aprobada a toda prisa que no considerara las necesidades de sus médicos, la experiencia de los pacientes, las dificultades de la administración y que rehiciera de un plumazo su organización interna. ¿Sería aceptable que en unos cuantos días, en contra de la opinión de todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, su Gobernadora y en contra de la opinión de todos los exgobernadores de esa institución se cambiaran de pronto sus pilares institucionales y quedara en letra muerta la base de su autonomía?
El vandalismo legislativo no es solamente desastroso en términos democráticos. Es también una abierta violación de numerosas disposiciones constitucionales. Por eso es crucial la intervención del tribunal constitucional. En el espejo del INE debe verse el poder judicial en su conjunto. El poder judicial, como el árbitro de las elecciones, requiere garantías de independencia y estructura de profesionalismo; necesita hacer valer las garantías que permiten a los jueces cumplir con su responsabilidad institucional. Al INE le pretenden extirpar el 84.6% de su anatomía. ¿Estarán dispuestos los ministros a consentir el canibalismo institucional?