ALLÁ en Nicaragua, la persecución judicial contra opositores políticos dio un nuevo paso, con el ¡destierro! de 200 de ellos. Su único delito fue ejercer la libertad de expresar ideas que no eran del gusto del autócrata Daniel Ortega.
SI BIEN México no es Nicaragua, pues todavía existen frágiles contrapesos, aquí también hay casos de uso del aparato de justicia para perseguir a políticos de oposición. Por ejemplo, el panista Ricardo Anaya sigue en Estados Unidos por una acusación penal que no tiene ni pies ni cabeza.
Y EN LA Ciudad de México, la Fiscalía insiste en acosar a Alessandra Rojo de la Vega, ex diputada y funcionaria de Miguel Hidalgo, con todo y que un tribunal ya decretó su inocencia. ¿Cuál fue su crimen? Publicar en redes un mensaje en el que expresaba el sentido de su voto en las elecciones de 2021.
PARA la Fiscalía ese tuit amerita pena de cárcel. En cambio los espectaculares y bardas a favor de Claudia Sheinbaum y los espontáneos apoyos digitales de futbolistas y celebridades para Adán Augusto López, se dan en absoluta impunidad. Aún es tiempo de que la persecución criminal de la oposición no se convierta en un rasgo de involución democrática.
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ALGUIEN debería explicarles a los genios de Palacio Nacional que, por más lejos que sienten a la ministra Norma Lucía Piña, eso no le quita ni un milímetro la estatura a su cargo como presidenta de la Suprema Corte. Es decir, aunque la sienten a 100 metros de distancia, el Presidente tendrá que seguirla viendo como una igual, pues es la titular del Poder Judicial… le pese a quien le pese.
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VAYA PAPELAZO está haciendo Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer quiso cargarle al Poder Judicial su propio fracaso en el caso contra Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal y quien fuera mano derecha de Genaro García Luna.
COMO ES costumbre en las mañaneras, el morenista se lanzó contra los magistrados que se atrevieron a darle al ex funcionario un amparo para descongelar sus cuentas. La realidad, sin embargo, es que la UIF sabía que estaba cometiendo una ilegalidad y, aun así, siguió adelante.
SIMPLE y sencillamente se trata de una jurisprudencia de la Suprema Corte, vigente desde 2019, que ordena suspender los bloqueos dictados por la UIF, con excepción de aquellos que se originen en una solicitud de colaboración internacional. ¿La razón de este criterio? Las dos Salas de la Corte ya dijeron que es inconstitucional que la UIF congele cuentas sin orden judicial. Pero, bueno, a Pablo Gómez hace mucho que dejó de interesarle la realidad.
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¡ZAS! El Banco de México volvió a subir las tasas de interés y se ubican en 11 por ciento. O sea que ya están más altas las tasas que las preferencias electorales por Movimiento Ciudadano.