Desde que se eliminó el delito de difamación de los códigos penales, en buena medida por la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Lydia Cacho, el camino de los poderosos para disuadir las críticas ha sido el daño moral de los códigos civiles.
El caso más conocido es el de Sergio Aguayo, articulista del Reforma, quien en 2016 escribió sobre Humberto Moreira, expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Moreira demandó por daño moral a Aguayo, quien, increíblemente, fue condenado en 2019 a pagar 10 millones de pesos por un tribunal capitalino. Quizá por el reconocimiento público de Aguayo como periodista, académico y activista, la Suprema Corte atrajo un amparo directo y el 16 de marzo de 2022 la Primera Sala decidió, por unanimidad, cancelar la condena. Fue una decisión muy importante para la libertad de expresión.
Hoy otro político ha emprendido un juicio por daño moral que se convierte en amenaza a la libertad. Se trata de Pedro Salmerón, hombre cercano al presidente y actual director del Archivo General Agrario, quien fue rechazado por Panamá como embajador por las presuntas acusaciones en su contra por acoso sexual. La información la dio a conocer la senadora panista Kenia López Rabadán, pero el propio Salmerón ha escrito que ha demandado a cuatro empresas y a 25 personas. El País revela que se trata del ITAM, Aristegui Noticias, Reforma y El Universal; López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Jorge Triana; Denise Dresser, Carlos Bravo Regidor, Alma Delia Murillo, Julio Patán, Rafael Pérez Gay, Estefanía Veloz, Jorge Castañeda, Elda Monreal (hija de Ricardo Monreal), Joaquín López Dóriga, Miguel de la Vega, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Sabina Berman, Salvador García Soto y Sergio Sarmiento, entre otros.
Según El País, Salmerón fue presuntamente señalado por acoso a cinco alumnas del ITAM en redes sociales y después ante la escuela. La activista Estefanía Veloz afirmó que otras ocho mujeres lo acusaron dentro de Morena. Ninguna ha presentado denuncia.
En un texto en Facebook, Salmerón afirma que está siendo objeto de “calumniosos linchamientos mediáticos”. Dice que lleva “casi tres años esperando que el ITAM me entregue el presunto expediente de la demanda de UNA alumna en contra mía”. Añade que “he demostrado documentadamente ante las autoridades competentes que no hay absolutamente ninguna demanda ni denuncia en mi contra en ninguna instancia académica, política, judicial ni de ninguna otra especie. Tampoco existen ‘múltiples denuncias’ en los medios y las redes, como asegura el CÁRTEL DE LA CALUMNIA, y que las existentes son fácilmente refutables con pruebas de descargo o no constituyen delito de acoso ni de ninguna otra especie. La violación a mis derechos humanos y políticos, y el daño moral que denuncio, tiene un carácter abiertamente político”.
No es pequeño el monto que Salmerón quiere para resarcir el daño moral: 18 millones de pesos. Mi opinión es que él, como cualquiera, tiene derecho a defenderse, pero recurrir desde el poder a una millonaria demanda por daño moral, como Moreira, subraya que estas acciones se han convertido en una nueva forma de acoso a la prensa tras la derogación de la difamación penal.
AMLO también
Ayer el presidente dijo que está considerando demandar por daño moral a César de Castro, el abogado de García Luna, por preguntar insistentemente al Rey Zambada si había dado dinero a su campaña de 2006. Zambada dijo que no. Pienso que el abogado tiene derecho a preguntar, y el testigo y el político a negar.
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