La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy”.
Mahatma Gandhi
Los 12 miembros del jurado llegaron a una decisión unánime en la que manifestaron no tener ni sombra de duda. Declararon culpable a Genaro García Luna de cinco acusaciones, cuatro por participación en el narcotráfico y una por mentir al obtener su visa a Estados Unidos, ya que declaró no haber cometido ningún delito.
La fiscal responsable del caso, Saritha Komatireddy, demostró que había tenido razón al buscar un juicio ante un jurado. No presentó una sola prueba material. Toda la acusación se fundamentó en declaraciones de criminales, a quienes se ofrecieron beneficios judiciales a cambio de sus testimonios. En un juicio ante un juez, estas declaraciones habrían sido más cuestionadas, pero ante los jurados, el desfile de testigos dejó una fuerte impresión.
La fiscalía de Nueva York decidió llevar el caso después de algunas dudas. Desde un principio sabía que no tenía pruebas, solo testimonios de criminales protegidos. Con anterioridad la fiscalía de Houston había considerado procesar a García Luna, pero desistió porque consideró que no había pruebas para obtener un veredicto de culpabilidad. La fiscalía de Nueva York, sin embargo, consideró que la reiteración de testimonios podría lograrlo ante un jurado.
Komatireddy aseguró originalmente que presentaría a 70 testigos. Al final suspendió este desfile cuando solo llevaba 25. Entendió que sumar otros 45, que repetirían lo ya declarado, no provocaría más que cansancio en los jurados, que son, al final, seres humanos.
El abogado defensor, César de Castro, pecó de exceso de confianza. No presentó como testigo al propio García Luna. Su único testigo fue Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario, quien únicamente explicó los ingresos y gastos de la pareja. De Castro argumentó que no había contra su defendido “ni dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas”; pero nunca presentó pruebas de descargo que refutaran las afirmaciones de los testigos.
El asunto, sin embargo, ya es cosa juzgada. García Luna es oficialmente un criminal. Falta solo la sentencia, que le toca dictar al juez y que podría llegar a cadena perpetua. García Luna puede apelar a tribunales superiores, pero también declararse culpable y tratar de convertirse él mismo en testigo colaborador. Para eso tendría que inculpar a alguien arriba de él, que en su caso solo podría ser el entonces presidente Felipe Calderón.
Los lopezobradoristas han festejado el veredicto porque el mismo presidente ha señalado que el caso comprueba la corrupción del pasado que, según él, ya ha desaparecido. No se dan cuenta de que, a ojos del público estadounidense, el culpable no es solo García Luna, sino todo el Estado mexicano. Y López Obrador es hoy la cabeza del Estado.
El 15 de octubre de 2020 fue detenido en Estados Unidos el general Salvador Cienfuegos, secretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Defensa convenció al presidente López Obrador que esa detención ponía en peligro a todos los mandos militares. AMLO convenció al presidente estadounidense Donald Trump que devolviera al general Cienfuegos a México para ser procesado aquí. El 14 de enero de 2021 la FGR anunció que no presentaría acusaciones contra el militar, porque no había pruebas en su contra, solo testimonios. La misma falta de pruebas, sin embargo, no ha sido obstáculo para la declaración de culpabilidad de García Luna. Esas son las paradojas de la justicia.
Agarren a 10
“Es cosa nada más de indagar un poco dónde viven estos intelectuales orgánicos, dónde viven estos periodistas famosos”, dijo ayer AMLO. “A ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven, y ya me traen aquí la información para ponerla aquí. Me ayudan a eso”. Parece el inicio de un linchamiento.
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