La DEA le comenzó a seguir los pasos al general Salvador Cienfuegos al menos desde un año antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido por narcotráfico en un puente internacional a principios de 2017, habló a los fiscales estadounidenses, a cambio de una reducción en su condena, de las supuestas relaciones del entonces secretario de la Defensa con capos del grupo de los Beltrán, y en especial de la célula de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”.
Operadores y lavadores de dinero de esta organización –cerca de 40– habían mencionado el nexo con el entonces secretario. El periodista J. Jesús Esquivel afirma –en una investigación que incluyó entrevistas con fuentes de alto nivel de ambos lados de la frontera y fue publicada bajo el título: “A sus órdenes, mi general. El Caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar”– que esto llevó a la CIA a intervenir las comunicaciones de Cienfuegos, así como las de su círculo familiar cercano.
Un año más tarde, a fines de 2018, cuando estalló el escándalo del “juicio del siglo” seguido al “Chapo” Guzmán, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió ir por políticos y militares mexicanos mencionados durante el juicio, o a los que el narcotráfico hubiera corrompido.
Cuenta Esquivel que dicha iniciativa fue lanzada por el subprocurador Richard Donoghue. Quienes seguían el caso de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, le presentaron entonces los datos que habían logrado recabar sobre el general Cienfuegos.
Corrieron paralelas las investigaciones sobre el secretario de la Defensa de Peña Nieto, y sobre el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Según la investigación de Esquivel, solo un grupo reducido de los 54 agentes de la DEA que operan en México estuvieron al tanto de las pesquisas. Se armó un voluminoso expediente que, según las fuentes del Departamento de Justicia de J. Jesús Esquivel, no es el que se entregó más tarde al gobierno de México. “Contábamos con todo para que fuera arrestado, enjuiciado, declarado culpable y sentenciado por narcotráfico y lavado de dinero. Las pruebas del expediente eran muy sólidas”, le dijeron al periodista.
Había comenzado la Operación Padrino: de acuerdo con la DEA, con ese nombre era mencionado el general en las grabaciones, las declaraciones y los mensajes de texto que llevaron a un gran jurado de Brooklyn a abrirle una causa por narcotráfico y lavado de dinero.
El libro de Esquivel aclara cómo se dio el cambio de tono de una “mañanera” a otra, cuando el presidente abordó el caso del general.
Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles. El presidente aprovechó la ocasión para poner el caso como ejemplo de la descomposición del régimen neoliberal; dijo que le dolía “tener razón”, y advirtió que todos los involucrados con Cienfuegos serían suspendidos o enjuiciados.
A la “mañanera” siguiente, sin embargo, López Obrador hablaba ya de que, en el “supuesto de que resultara responsable el general”, no había que culpar “a todas las fuerzas armadas”, pues “tenemos que cuidar a una institución tan importante”.
El matiz en la narrativa se explicaba porque, tras la primera “mañanera”, la oficina presidencial se había llenado de generales que exigían una explicación de lo ocurrido en Los Ángeles y de las palabras de AMLO. Llovían, además, las llamadas telefónicas.
El gobierno obradorista dependía ya, cada vez más, del apoyo militar. Escribe el periodista: “Se tomó la determinación por presión de los mandos castrenses al presidente, de que el gobierno de México no iba permitir que el general Cienfuegos Zepeda fuera enjuiciado, procesado y sentenciado a prisión”.
La negociación recayó en el canciller Marcelo Ebrard. Dice Esquivel que la moneda de cambio fueron los 54 agentes de la DEA que operan en México. El gobierno estaba dispuesto a expulsarlos si el proceso contra el general seguía.
A pesar de tener entre las manos una “sólida evidencia”, el Departamento de Justicia solicitó, “como asunto de política exterior y en reconocimiento a la fuerte alianza judicial entre Estados Unidos y México”, que los cargos fueran desechados.
De acuerdo con las fuentes del periodista, se envió a México un expediente rasurado, muy distinto al que los vecinos habían armado.
El fiscal Veytia habló de sobornos millonarios a políticos de Jalisco, Oaxaca, la Ciudad de México, Morelos, el Edomex y Guerrero.
Todos esos nombres vibran en los archivos de la DEA y del Departamento de Justicia. García Luna y Cienfuegos eran solo los primeros.
El exsecretario de Seguridad de Calderón haría bien en acogerse al criterio de oportunidad y decir lo que sabe para que la cloaca se siga destapando.
El mensaje que viene de Brooklyn es que ninguno de los mencionados en los grandes juicios –del “Chapo”, de Veytia, de García Luna…– podrán vivir tranquilos.
@hdemauleon