Como todo populista, AMLO está dispuesto a destruir individuos, instituciones, reputaciones y relaciones si al hacerlo acrecienta su imperio. Miente, inventa datos, denuesta y difama a quien se ponga en su camino. Devasta instituciones imprescindibles, arrasa con contrapesos, maltrata a periodistas que -haciendo su chamba- osan cuestionarlo. Para él, la ley es sólo una sugerencia que puede o no acatar. Abusa del poder -que el pueblo puso en sus manos- para hacer lo que le conviene, beneficie o no a quienes lo eligieron.
Su reacción al juicio y sentencia contra Genaro García Luna es buen ejemplo. Es evidente el enriquecimiento inexplicable de ese funcionario, pero es al menos posible que éste se deba más a corrupción que a complicidad criminal. Si el narcotráfico penetró las más altas esferas del gobierno, hay funcionarios -y militares- que siguen ahí y que habrían estado involucrados. Pero a AMLO sólo le importa aniquilar a Felipe Calderón. Nuestro problema no empezó en ese sexenio -ni con García Luna- ni termina con su detención. La impunidad prevalece y la complicidad de criminales con policías, Ejército y funcionarios públicos es flagrante y creciente.
Mientras AMLO gana capital político, se para el cuello con un juicio y sentencia con los que no tuvo nada que ver, y culpa a nuestro principal socio comercial por el tráfico de fentanilo; organizaciones criminales controlan cada vez más nuestro territorio, les cobran impuestos (uso de piso) a mexicanos que sólo buscan ganarse la vida, proveen “justicia”, financian obra pública, reparten despensas, deciden quién puede aspirar a puestos públicos y manipulan el voto. Su presencia disuade a empresas que querrían invertir en México y a turistas que querrían visitarnos. Culpa a EU de proveerles armas a cárteles sin reconocer que una porción no menor de éstas proviene del propio Ejército.
Decir que Calderón empezó esta guerra ignora la evolución del tráfico de narcóticos en este siglo. Los cárteles de los 90 traficaban mariguana, después cocaína. Los márgenes y rentabilidad de ésta les dieron para comprar ejércitos de sicarios, arsenales sofisticados e influencia política. Fue un error militarizar esa guerra sin antes hacer una profunda reforma de nuestro sistema judicial, sin fortalecer capacidades policiales y de inteligencia. Pero nada ha cambiado. Recordemos que fue Bartlett quien desde el Senado obstaculizó aquella iniciativa del gobierno de Fox para hacer una reforma que era urgente, eliminando el control del Ministerio Público para dejar que las policías recibieran denuncias e investigaran, pasando a un sistema acusatorio. Eso hubiera cambiado el curso de esta guerra.
Calderón intentó una reforma en 2008 introduciendo un sistema de justicia penal acertado. Presionado por una escalada de violencia, creó nuevos estándares y medidores de desempeño que implicaban un cambio estructural. Se apostó por el uso de la fuerza, cuando quizá se pudo mejor incrementar las capacidades del Estado. La militarización ocurrió sin antes ponerle límites claros. Como dice Alejandro Hope, empezaron a operar en el borde de la ley, colgados de una jurisprudencia de la corte, sustituyendo -no complementando- a policías locales. A toro pasado, hubo errores. Pero los sigue habiendo. No interesa rectificar, sino culpar.
La impunidad y el poderío del narco crecen en las narices de la 4T. Lejos de desmilitarizar, hacen imposible regresar a los cuarteles a un Ejército que, sin rendir cuentas, ahora tiene en sus manos puertos por donde entran precursores para el fentanilo, las aduanas, un aeropuerto y el control del espacio aéreo.
El congresista Crenshaw (no “senador”, como dice AMLO) tiene razón. El creciente poder de los cárteles mexicanos es un problema para ambos países. En forma cotidiana dañan, extorsionan, secuestran y matan a miles de mexicanos. Sería deseable que, por primera vez, AMLO pusiera el futuro de nuestro país por encima de su ambición personal y buscara cómo cooperar con EU para desmantelarlos. Evitarlo lo hace ver como cómplice, y ya vimos dónde acaba quien lo es.
@jorgesuarezv