La Guardia Nacional (GN) no puede pertenecer a la Sedena. Con ocho votos en contra y tres a favor, los ministros de la SCJN determinaron inconstitucional la ley que sustenta la transferencia de la GN al Ejército. Los morenistas tacharon de regresiva la decisión de la Corte y la oposición celebró, porque considera que es una derrota política para el Presidente y no una deficiencia jurídica del Congreso. En septiembre del 2022, por mayoría simple, la Cámara de Diputados aprobó que la GN quedara bajo el control de Sedena.
Pero es importante darle contexto al texto. Recordemos que durante el gobierno de Felipe Calderón, en Ciudad Juárez había tanta violencia que varias organizaciones de la sociedad civil imploraban que se gestionara ante la ONU el envío de “cascos azules”, con el objeto de combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, y que el gobierno calderonista no podía controlar.
En esos mismos tiempos, el ex presidente Fox sugería: “Una Policía nacional única para evitar la infiltración de la delincuencia, como ahora sucede en las corporaciones locales, pero también para reducir la burocracia, pues, en el país hay más de 2 mil jefes de cuerpos de seguridad pública”. Finalizaba demandando mayor participación de los gobernadores en la lucha, “porque estos le echan mucha ‘güeva’ en este asunto, se hacen a un ladito”.
Así las cosas, en el ánimo de tener una Guardia Nacional disciplinada y militarizada, como las que existen en Chile y España, en septiembre del 2022 se aprobó una ley secundaria para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Sedena y evitar así que se corrompiera, como sucedió en el sexenio de Calderón con la Policía Federal donde el secretario García Luna y su estado mayor terminaron en la cárcel, unos en México y otros en Estados Unidos.
Aun así, en el surrealismo del mundo político algunos piden que regrese el Ejército a los cuarteles y que la Guardia Nacional tome distancia de la Sedena. Estos que piden que se regrese el Ejército a sus cuarteles y que aplauden que la GN no pertenezca a la Sedena son los mismos que aplaudieron al presidente Calderón cuando sacó al Ejército a las calles. Además, durante todo su sexenio el Ejército actuó violando la Constitución porque no existía ley alguna que le diera respaldo a sus labores policiacas. ¿Y dónde estaban los constitucionalistas? ¿Por qué entonces no se rasgaban las vestiduras?
No fue hasta el gobierno del presidente Peña Nieto que, por exigencia de los propios mandos castrenses, se legisló al respecto, para darle un marco jurídico de legitimidad a las tareas de seguridad pública, que venía realizando al Ejército desde 8 años atrás.
Sin embargo, hasta mayo del 2018 fue que esa ley fue derogada mediante amparos promovidos por organizaciones civiles, argumentando su inconstitucionalidad. Lo anterior obligó al Gobierno de AMLO a enviar un decreto al legislativo para constituir la Guardia Nacional y autorizar al Ejército y Marina a realizar tareas de seguridad pública hasta el 2024.
Por desgracia, desde el 2018 a la fecha las policías municipales y estatales no se han preparado debidamente para enfrentar a la delincuencia y así poder relevar al Ejército de sus labores policiacas; por lo tanto, el PRI mandó una reforma constitucional a la Cámara de Diputados para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.
Seguramente en tiempos de paz nadie estaría de acuerdo en que el Ejército hiciera las labores de policía; pero desde el gobierno de Calderón México vive circunstancias de inseguridad excepcionales, en donde todos los gobernadores levantan la mano para que el Gobierno federal les mande soldados que apoyen a sus exiguas y descompuestas policías, que no capacitan ni les invierten.
Pero lo extraño es que todos estos histriones que se rasgan las vestiduras por la presencia del Ejército, son los mismos que lo sacaron de sus cuarteles a las calles; en esto hay un tufillo de maniqueísmo, paranoia y politiquería. Según encuestas, la mayoría de los ciudadanos quiere a los militares y marinos en las calles, aun con sus fallas, mientras no se depuren y capaciten a las policías locales y puedan cumplir con su mandato constitucional.
El ciudadano de a pie no entiende ni interesa de las florituras y sutilezas que esgrimen los letrados de toga y birrete de la Corte. El último fin de la ley no puede ser la ley misma, debe beneficiar al ciudadano. Decía el ideólogo don Jesús Reyes Heroles que: “La norma debería de servir al hombre y no el hombre a la norma.” Pero son tiempos electorales, y los demonios de la sucesión explotaran cualquier evento para rasgarse las vestiduras y llevar agua a su molino.
P.D. El vocabulario pendenciero y afrentoso que le oímos a la senadora Lilly Téllez durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, es más adecuado para una película de las Ficheras II que para inquilina de Palacio Nacional.