Las buenas intenciones no te dicen nada acerca de las verdaderas consecuencias”.
Thomas Sowell
El 19 de abril de 2019 el presidente López Obrador anunció que establecería el Insabi: “Vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro. Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud”.
Los legisladores oficialistas eliminaron el Seguro Popular, que el presidente descalificaba diciendo que “ni es seguro ni es popular”. El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto para establecer la nueva institución que “tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a todas las personas sin seguridad social”. El Insabi empezó a funcionar el 1 de enero de 2020. El 8 del mismo mes el presidente declaró que su intención era “crear un sistema de salud pública de primera y gratuito” con Dinamarca y Noruega como ejemplos a seguir.
La realidad fue exactamente la contraria. Los servicios de salud han sufrido un notable deterioro. Tres años, tres meses y 26 días después del inicio de actividades del Insabi, los mismos diputados del gobierno aprobaron su extinción. por la vía rápida, sin dictamen, sin discusión, tres horas después de presentada la iniciativa.
El diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona, que presentó formalmente la propuesta, culpó al COVID-19 del fracaso del INSABI. “Lo que nunca tuvimos en cuenta fue la pandemia que azotó a nuestro país”. Olvidó que el propio presidente dijo que el desempeño de México ante la enfermedad había sido un ejemplo para el mundo. Si el fracaso del Insabi hubiese sido producto de una circunstancia temporal, no habría sido necesario acabar con él.
La verdad es que el Insabi estaba condenado al fracaso desde un principio. Surgió para reemplazar al Seguro Popular, pero según el especialista Xavier Tello simplemente “se encargó de desaparecer” 100 mil millones de pesos de aquella institución. Cuando se legisló su creación, la mayoría gubernamental en el Congreso rechazó que se realizara un estudio de impacto presupuestario. Además, AMLO nombró director general al tabasqueño Juan Antonio Ferrer, uno de esos políticos sin experiencia escogidos para cargos de responsabilidad por ser amigos del presidente. La experiencia profesional de Ferrer era principalmente en la administración de centros arqueológicos.
Es positivo que se reconozca hoy el error, pero entregar las responsabilidades del Insabi al IMSS-Bienestar lejos de corregir el problema lo profundiza. Esta no es una institución hecha para cumplir con las responsabilidades del Insabi o el Seguro Popular. Su operación, con servicios solo de medicina general, se ha concentrado en zonas rurales. Si bien es hasta ahora una institución separada del IMSS, comparte ya una dirección general bajo el mando de Zoé Robledo. El IMSS no es propiedad del gobierno, sino un instituto autónomo fondeado principalmente por aportaciones de los patrones y los trabajadores. Juntarlo con el IMSS-Bienestar puede terminar por hundirlo.
Proveer servicios de salud a quienes no tienen seguridad social es un justo objetivo de política pública. AMLO, sin embargo, prefirió acabar con el Seguro Popular en vez de corregir sus deficiencias. Encargar primero la responsabilidad al Insabi y ahora al IMSS-Bienestar solo revela improvisación y falta de voluntad para buscar una solución de fondo, como empezaba a ser el Seguro Popular.
Avalancha
Ha sido una ciega avalancha legislativa. Los diputados oficialistas han aprobado varias iniciativas con dispensa de trámites y sin conocer su contenido. El problema es que las malas leyes generan consecuencias negativas.
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