El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) nació, celebrado con bombo y platillo, en enero del año 2020, poco antes del inicio de la pandemia de COVID. Se anunció su muerte en abril del año 2023. Aunque en realidad ya estaba desahuciado desde el 2022, cuando sus funciones comenzaron a transferirse al IMSS-Bienestar.
Antes del Insabi existía el Seguro Popular. Nacido en 2004, este sistema pretendía ser el primer modelo federalista del sector salud. Los mexicanos sin acceso a un sistema de seguridad social, que no estuvieran adscritos a instituciones como el IMSS y el ISSSTE, podían inscribirse al Seguro Popular pagando una pequeña cuota o, llegado el caso, nada. El gobierno federal actuaba básicamente como financiador y regulador, pues eran los gobiernos estatales quienes brindaban la mayoría de los servicios de salud correspondientes en sus hospitales.
El Seguro Popular tuvo muchos aciertos y un par de fracasos, pues nunca se logró alcanzar la ansiada cobertura universal y no se reguló bien a algunos estados cuyos sistemas de salud siempre han sido un desastre. Tratando de resolver esto último, el Insabi modificó erróneamente el modelo para hacerse responsable del proceso administrativo más importante de los institutos estatales: la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos.
Y así nos fue. En el caso de las compras consolidadas el gobierno federal falló y volvió a fallar. Ese error tuvo consecuencias funestas, como seguramente atestiguarían los familiares de todos los mexicanos que han muerto en los últimos años por falta de medicinas o atención médica.
Era obvio que el Insabi iba a fracasar, pues ningún proceso administrativo puede diseñarse e implantarse de un día para el otro, además de que no contaba con personal técnicamente capacitado. Cuando en Palacio Nacional se entendió al fin lo anterior, se tuvo entonces una segunda ocurrencia: pedir el auxilio del IMSS, a través de su programa IMSS-Bienestar.
En 1979 nació el programa IMSS-Coplamar por un acuerdo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes coordinaban un plan de la Presidencia que existía entonces para abatir la marginación. El objetivo era proveer servicios médicos a grupos de la población que no estaban asegurados y que vivían en pobreza extrema. A raíz de ello, cientos de pequeñas clínicas fueron construidas, sobre todo en el sector rural. Ese programa ha sobrevivido desde entonces bajo diferentes denominaciones, de acuerdo con el capricho del presidente en turno: Coplamar, Solidaridad, Prospera, Oportunidades y hoy Bienestar.
Además de ser un programa ya probado, IMSS-Bienestar tiene la ventaja de tener clínicas en zonas de alta marginación. Pero tiene también varias desventajas: no se encuentra en todos los estados, no tiene mayor presencia en las zonas urbanas y tiene miles de clínicas, pero pocos hospitales. Y casi ninguno es especializado.
Entre las tantas mentiras presidenciales destaca la de que pronto tendremos un sistema de salud equiparable al de Dinamarca. Obviamente no, los países nórdicos tienen los servicios públicos que tienen simplemente porque sus impuestos son altos y sus funcionarios son muy competentes.
Brincos habremos de dar si es que logramos tener para fines del siguiente sexenio un sistema de salud pública medianamente presente en toda la República. Pero para lograrlo se requerirá, por necesidad, una mejor planeación, más especialistas en salud y presupuestos considerablemente mayores.