Lo que busca la nueva ley es la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado”.
Antonio Lazcano
¡Cuántos abusos se han cometido a nombre de la creación de un nuevo derecho! Lo estamos viendo ahora. En 2019 el gobierno de López Obrador impulsó una enmienda constitucional para agregar el “derecho a la ciencia” a una ya muy larga lista de garantías en la carta magna. Este supuesto derecho, sin embargo, solo ha servido como excusa para centralizar y estatizar la ciencia.
Al artículo tercero constitucional, efectivamente, se le añadió en mayo de 2019 un párrafo que decía: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella.”. Fue una forma paradójica de empezar un proceso para poner la ciencia a las órdenes del gobierno.
Ahora la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado, en los recientes días de frenesí legislativo con dispensa de trámites, la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta extingue el Consejo General de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, y lo reemplaza con un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el Conahcyt. Detrás del inocuo cambio de nombre se esconde una transformación radical, y negativa, de la estructura y forma de trabajar del consejo y de la ciencia en nuestro país.
Numerosos miembros de la comunidad científica han criticado la nueva legislación. Y con razón. La junta de gobierno del Conahcyt incorporará a representantes de todas las secretarías, incluyendo a Defensa y Marina, pero se excluirá a organismos científicos y sociales. El gobierno tendrá mayoría automática en todas las decisiones. La ley excluye a los científicos de las universidades privadas de los programas de apoyo a la investigación. Es una medida discriminatoria y perjudicial. Mucha buena ciencia se hace en instituciones privadas, pero la ley la descarta. Por otra parte, los 26 centros públicos de investigación perderán su autonomía. El gobierno está asumiendo el control del rumbo de todas las investigaciones.
La iniciativa fue impulsada por María Elena Álvarez-Buylla, la directora de Conacyt, quien dedicó una parte de su carrera académica al combate de los cultivos transgénicos. Como funcionaria se ha distinguido por sus declaraciones contra la “ciencia neoliberal”, concepto que el propio Conacyt no pudo definir en una solicitud de transparencia del sociólogo Juan Pablo Pardo Guerra. La gestión se ha caracterizado también por sus promesas en la pandemia de que desarrollaría un respirador mexicano y una nueva vacuna para el COVID, la cual ya tiene nombre, Patria, pero no ampolletas.
Si bien la iniciativa de la nueva ley se conoció hace tiempo, apenas fue aprobada a fines de abril por diputados y senadores oficialistas. Aunque el gobierno había prometido un parlamento abierto, en el que se discutiría la legislación, el gobierno decidió no concluirlo. Lo único que importaba era obedecer al presidente para acabar con el Conacyt y centralizar las decisiones.
De nada sirve que los políticos nos digan que los mexicanos ya gozamos de un nuevo “derecho a la ciencia”, si solo sirve para concentrar las decisiones en políticos y burócratas. Sin diversidad y sin libertad no puede haber innovación. Ya la Unión Soviética ejemplificó en los tiempos de Stalin, y de su “científico” Trofim Lisenko, lo absurdo de un sistema de investigación que obedece a los políticos y no a la ciencia. Álvarez Buylla quiere repetir la experiencia en México.
¿Desacato?
Celia Quintero Rico, 17ª jueza de distrito en materia administrativa, ha ordenado a la Junta de Coordinación Política del Senado que nombre a los tres comisionados faltantes del INAI. ¿Se mantendrán los senadores en desacato en el afán de obedecer al presidente?
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