La Suprema Corte es la misma, y también el Consejo de la Judicatura, pero la actitud del presidente ha cambiado. El 16 de abril de 2021 López Obrador respaldó la iniciativa de reforma judicial del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y la propuesta de ampliar la presidencia de Zaldívar, programada para terminar en enero de 2023, hasta noviembre de 2024: “Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta”, dijo.
No le tiene la misma confianza a Norma Piña: “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo AMLO el 1o de marzo de 2023. “Antes, cuando estaba Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se respetaba su autonomía, pero se vigilaban desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados de ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado”. El presidente se reunió en varias ocasiones con Zaldívar cuando encabezaba la Corte, pero ha dado instrucciones a su gabinete para que “Ni les contesten el teléfono” a los ministros de la Corte.
La verdad es que ni con Zaldívar ni con Piña el Consejo de la Judicatura puede legalmente intervenir en las decisiones de los jueces, mucho menos para favorecer las posiciones del ejecutivo. La propia ministra Yasmín Esquivel, a quien el presidente impulsó para presidir la Corte, lo señaló el 29 de septiembre de 2019 en la sentencia por la controversia constitucional 112/2018: “La autonomía del Poder Judicial solo podrá concretarse en la medida en que los propios jueces decidan, sin injerencia de terceras personas, cómo hacer su trabajo”.
Este lunes 8 de mayo el pleno de la Corte considerará las primeras acciones de inconstitucionalidad sobre el plan B del presidente para modificar la legislación electoral tras el rechazo a la reforma constitucional del 6 de diciembre de 2022. El proyecto del ministro Pérez Dayán propone dejar sin efecto las modificaciones a las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que se aprobaron entre el 6 y el 7 de diciembre: “La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado”, escribe el ministro. “La iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la cámara de origen”.
Las infracciones son de forma, por violación del procedimiento legislativo, pero los problemas de fondo son enormes. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló el 11 de diciembre de 2022 que el plan B tenía 70 “bloques de inconstitucionalidad” que requerían modificaciones para “garantizar la observancia de la Constitución y salvaguardar la democracia en México”. Pero al presidente le importa poco o nada que sus iniciativas sean inconstitucionales. Ha convertido la dispensa de trámites en su forma de tratar a la oposición. No quiere diálogo, solo imponer sus posiciones.
Hoy veremos el temple de la Corte, que se negó a suspender la discusión y votación del proyecto pese a la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia. La declaratoria de inconstitucionalidad, sin embargo, requiere del voto de ocho de los 11 ministros, lo cual es difícil de lograr. Por otra parte, no recuerdo que un presidente haya presionado de manera tan abierta a los ministros para obedecer sus órdenes.
Tiempos
Mario Delgado, presidente de Morena, está adelantando los tiempos de la convocatoria para la elección del candidato presidencial. Se ajusta así a la petición del presidente. Entre más pronto se escoja al candidato, más tiempo tendrá para posicionarse.
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