En varias ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los empresarios que paguen sus impuestos y respeten la ley. También ha repetido el principio liberal que señala que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Sin embargo, él mismo piensa que no tiene por qué obedecer las leyes. Incluso lo ha declarado: “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
El presidente decretó este 19 de mayo una “ocupación temporal” de tres tramos de vías férreas concesionadas a Ferrosur en un momento en que se estaban llevando a cabo negociaciones con la empresa para permitir el uso de esas vías para el ferrocarril transístmico. No rescindió la concesión, sino que mandó tropas armadas para ocupar las vías. El 15 de mayo, unas horas después de que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad del acuerdo que clasificaba como proyectos de seguridad nacional las obras de infraestructura de su gobierno, emitió un nuevo decreto, ligeramente distinto al anterior, que designaba como asuntos de seguridad nacional cinco obras gubernamentales, entre ellas el Tren Maya y el Corredor Interoceánico Transístmico.
Ayer, por otra parte, una juez de distrito otorgó una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen el cumplimiento de las leyes antes de publicar los nuevos libros de texto; lo increíble es que en México se necesite una suspensión judicial para que el gobierno se comprometa a cumplir la ley.
Hay leyes buenas y malas, por supuesto, pero la falta de ellas es un problema mayor que una mala ley. Daron Acemoglu y James A. Robinson han escrito en ¿Por qué fracasan los países? que el “estado de derecho” es “el principio de que las leyes no deberán aplicarse de forma selectiva o arbitraria y que nadie está por encima de la ley”. La aplicación de leyes a los gobernados, pero no al monarca o a sus allegados, impide el surgimiento de sociedades con igualdad de oportunidades.
AMLO se ha servido de sus mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso para modificar leyes que le incomodaban. Ha enmendado también reglamentos a través de decretos y acuerdos. Muchas de estas leyes y reglas son peores que las anteriores, pero los gobernados tenemos obligación de acatarlas.
Él mismo, sin embargo, no está dispuesto a respetar las leyes que no le gustan; prefiere violarlas para demostrar su poder. El presidente, por ejemplo, pudo haber logrado la aprobación del plan B o de las leyes que eliminan el derecho a la transparencia en sus proyectos favoritos sin violar las normas parlamentarias, pero ordenó la dispensa de trámites en el Congreso para desechar el derecho de la oposición a debatir o incluso a leer las iniciativas. Quizá la propuesta para declarar sus proyectos de infraestructura obras de seguridad nacional habría logrado la aprobación de la Suprema Corte, si no hubiera sido porque no quiso que la oposición pudiera presentar siquiera sus puntos de vista. Ahora ha violado una vez más las leyes al ordenar una “ocupación temporal” armada de unas vías férreas concesionadas.
Sin la protección de las leyes, los mexicanos vivimos y permaneceremos en la ley de la selva. Sin leyes, el gobierno puede hacer lo que quiera, incluso mandar a marinos con armas largas a tomar una instalación concesionada porque al presidente no se le dio la gana de llegar a un acuerdo o de iniciar un proceso legal de rescisión de la concesión.
Gángsters
AMLO decretó una “ocupación temporal” de tres tramos de vías de Ferrosur. ¿Cuánto tiempo durará la ocupación? “Depende de la actitud de la empresa”, dijo ayer. “Lo único que quiero es la devolución de ese tramo de la concesión”. Reconoce que utilizó a los marinos como pistoleros para presionar al concesionario. Así negocian los gángsters, que no acuden a los tribunales.
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