Siempre es mejor negociar con un cadáver sobre la mesa”.
Atribuido a la Mafia italiana
El gobierno está negociando con Grupo México, dueño de Ferrosur, la concesionaria de los tres tramos de vías que el gobierno quiere controlar para su proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Quiere hacerlo, sin embargo, como lo hacía la Mafia italiana: colocando primero un cadáver sobre la mesa; por eso ordenó la “ocupación temporal inmediata” de esos tramos. No se han suspendido las negociaciones, no se ha detenido siquiera el paso de los trenes, pero los marinos armados son el mensaje.
No solo se está negociando el derecho de paso, sino el dominio de 120 kilómetros de vías. El presidente López Obrador dijo el 22 de mayo que Grupo México pidió que se le pagaran 9,500 millones de pesos para devolver la concesión de esos tramos. Si lo hizo, el precio parece, como ya lo ha señalado el presidente, extraordinariamente elevado. “Pues así ya no se puede”, exclamó AMLO.
La concesión sobre 1,480 kilómetros la obtuvo Grupo Carso en 1998, a través de su filial Frisco, por 322 millones de dólares. Carso le vendió posteriormente el control a Grupo México. Los 9,500 millones de pesos, a 18 pesos por dólar, serían hoy cerca de 528 millones de dólares.
Grupo México señaló que la ocupación armada había sido “sorpresiva e inusitada”. Desde hace años se venía negociando un acuerdo para que las operaciones de Ferrosur pudieran convivir con las del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, parte del Corredor Interoceánico. En 2022, dice Grupo México, “se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”. La empresa invirtió cientos de millones de pesos para la construcción de esa vía con independencia operativa; pero, “lamentablemente, el acuerdo fue desechado meses después”.
Así como el monto que presuntamente pidió Grupo México es criticable, también lo es que el gobierno haya cambiado de opinión cuando ya había un acuerdo. La ocupación armada para presionar a Germán Larrea, el director ejecutivo de Grupo México, es inaceptable.
Ayer Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, quien ha seguido siendo el contacto entre los grandes empresarios y el presidente, comentó que el asunto “se tienen que arreglar, todo se arregla al final, gracias a Dios. Hay muy buena voluntad de las partes para arreglarlo”.
Larrea tiene fama de ser un duro negociador, pero no parece que tenga muchas opciones. La ocupación de los tramos de Ferrosur es probablemente ilegal. El gobierno tiene el derecho de rescindir la concesión, bajo ciertas condiciones y con el pago de una indemnización, pero no simplemente de ocupar las vías. El problema es que Larrea tiene muchos otros kilómetros de otras vías y concesiones muy valiosas en negocios como la minería. Puede argumentar que la ley lo ampara, pero ya sabemos que en México no hay más ley que la que diga el presidente.
Al final habrá un acuerdo, como con Iberdrola o con las empresas de gasoductos. López Obrador no ha querido simplemente despojar a los empresarios, como Hugo Chávez en Venezuela, pero no le preocupa violar la ley, ni mandar a marinos armados a ocupar unas vías del tren. El problema es que cada una de estas acciones arbitrarias, como el cierre del NAIM o de la cervecera de Mexicali, manda el mensaje de que el gobierno mexicano no respeta la ley.
Lo perdimos
A la Corte “ya la perdimos”, dijo AMLO ayer. “Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder”. Si así fuera, la Corte estaría dispuesta a aceptar todas las instrucciones del presidente, pero solamente tres ministros lo apoyan en casi todas sus ocurrencias. Una sólida mayoría de ocho ministros sigue defendiendo la Constitución.
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