Aquel día, agentes de la fiscalía capitalina ingresaron en tres estacionamientos públicos, ubicados en Eje 1 Norte, en la zona de Tepito.
No llevaban orden judicial. Amenazaron, sin embargo, a los propietarios, con el argumento de que realizaban una investigación por narcomenudeo.
Era el 9 de agosto de 2022.
Según queja emitida por el propietario de uno de los inmuebles, los agentes destruyeron las cámaras de vigilancia y “sustrajeron dinero y valores”. Finalmente, colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble.
Se inició la carpeta CI-FIEC-ACI/UI-4/S/D/00140/03-2022, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercialización directa.
A esa altura de Eje 1 Norte, esquina con Florida, había otros dos estacionamientos contiguos, que también fueron cateados.
Eran propiedad de Roberto Carlos Murillo, el director general de operaciones de los Estacionamientos Públicos del Centro, A.C., asesinado el lunes pasado a las puertas de un gimnasio en Interlomas.
Sobre Murillo pesaba la acusación de estar vinculado a la Unión Tepito y de presionar a los vendedores de cigarros de contrabando para que ofrecieran solo una marca, a cuya distribución él se hallaba vinculado: “Península”.
Corrían sospechas de que, en los estacionamientos cateados, Murillo almacenaba drogas o dinero.
Este último punto es relevante porque el operativo realizado el 9 de agosto de 2022 en Eje 1 Norte y Florida fue encabezado por el agente del Ministerio Público, Erick Armando Pérez Venegas.
Se trata del mismo fiscal que el 15 de marzo pasado encabezó un cateo ilegal en la empresa Black Street Capital de la colonia Anzures: el cateo en el que Pérez Venegas y varios agentes fueron grabados por el sistema de monitoreo alterno de esa financiera, al momento de destruir las cámaras de seguridad y apoderarse de bolsas y maletas repletas de fajos de billetes (más de tres millones de dólares), que nunca fueron presentados ante las autoridades de la fiscalía que dirige Ernestina Godoy.
Pérez Venegas entregó solo 169 mil dólares.
Unos meses separan ambos hechos. En ambos, la manera de actuar de las autoridades fue exactamente la misma. ¿Se trató de casos aislados? Difícilmente:
El 31 de enero de 2020 fue detenido el líder de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez, apodado “El Lunares”. Solo 10 días más tarde, 17 agentes de la policía de investigación irrumpieron en uno de sus domicilios, ubicado en Jesús Carranza 69.
Según se dio a conocer en el noticiero de Denise Maerker, uno de los agentes había informado al fiscal en Cuauhtémoc, Arturo Hermida, que en esa casa “El Lunares” había escondido un millón de dólares.
Nuevamente, sin que los agentes se dieran cuenta, una cámara de video captó su ingreso al domicilio, sin orden oficial y con armas largas y cortas en las manos.
A consecuencia de aquellas imágenes, los policías fueron investigados y algunos destituidos. El resultado del “cateo” de los agentes de la fiscalía: paredes, puertas, muebles hechos pedazos.
Un juez se valió de dichos videos para liberar a quienes fueron detenidos. El fiscal, según una tarjeta de la PJGCDMX, fue removido
El 25 de febrero de 2022 la noticia de otro cateo irregular, presentada por la reportera Miriam Moreno, llegó a los medios. Sucedió esta vez en Iztapalapa. Agentes de la policía capitalina penetraron en tres domicilios de la colonia Chinampac de Juárez, bajo el pretexto de investigar la existencia de drogas y armas.
En el informe que los agentes presentaron más tarde no señalaron que habían irrumpido en las viviendas. Tampoco, que habían sustraído objetos y diversos valores.
Cuando las familias que vivían en dicho sitio denunciaron el abuso policial y el robo, un mando y seis policías quedaron bajo investigación.
Un informe sobre personas injustamente presas, realizado por organizaciones civiles en el Edomex, y presentado en noviembre de 2020, reveló que en aquella entidad el 85% de los cateos eran realizados de manera ilegal. Un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (de la CNDH anterior a la llegada de Rosario Piedra, por supuesto) reveló que, en México, en solo cinco años, se habían contabilizado 3,700 cateos ilegales.
Todo prueba que en el gobierno de Claudia Sheinbaum esa siniestra realidad es una práctica constante: una rutina en la que el botín se cuenta de preferencia en millones de pesos y, como se ha visto, a veces en millones de dólares.