NI DUDA CABE de que Andrés Manuel López Obrador tiene perfectamente planeado hasta el último detalle de la sucesión presidencial. Una contienda fraterna entre los precandidatos, sin debates, ni ataques ni descalificaciones. El Presidente ve más allá de lo evidente y eso le permitió diseñar un proceso con dos meses de campaña civilizada en medios afines al movimiento y al final una encuesta que deje a todos contentos. ¡Ni un cabo suelto!
Y ASÍ, a partir de 2024, AMLO se irá a Palenque a cuidar -a la distancia- la pureza y continuidad de su histórico legado. Se nota que el mandatario lo pensó y lo meditó a fondo antes de tomar la decisión. El problema es que muchos de los proyectos presidenciales funcionaban muy bien en su cabecita, pero a la hora de llevarlos a la realidad, pueees… no funcionaron como se esperaba. Así se canceló el NAIM que ya estaba empezado y se hizo el AIFA que no despega; y se construyó una refinería que ya ha costado el doble de lo que pensó el Presidente, pues va en 17 mil dólares. Y de esos ejemplos está lleno este sexenio.
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CUENTAN que Claudia Sheinbaum es la menos preocupada por los gastos para su larguísima precampaña presidencial. Y es que la saliente jefa de Gobierno deja el cargo con una tremenda red de, mmmh, “contactos” con el sector inmobiliario. El famoso cártel panista de la Benito Juárez palidece ante los extraños acuerdos que tejió la morenista.
UN EJEMPLO, dicen, es el desarrollo que se proyecta alrededor del Estadio Azteca. El gobierno de la CDMX se apresuró a darle el visto bueno, pero ante las protestas de los habitantes de Santa Úrsula, fue necesario hacer como que frenaban las cosas… en lo que enfriaban los reclamos.
AL FINAL, Sheinbaum se despide dejando un Plan General de Desarrollo (PGD) y un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) cuestionados por su falta de transparencia y por estar, aparentemente, redactados para favorecer al nuevo sector morenista: ¡el inmobiliario!
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AYER se concretó la compra de 13 plantas de Iberdrola, una operación en la que salieron ganando la empresa española y la financiera Mexico Infrastructure Partners, pero no el gobierno mexicano. Porque la administración federal terminará pagando -por lo menos- 6 mil millones de dólares para que la CFE administre dichas plantas, sin que eso añada un solo watt a la producción que hoy ya se tenía. ¡Vaya negocio!