No podemos negociar con quienes dicen: Lo mío es mío y lo tuyo es negociable”.
John F. Kennedy
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se vanaglorió del desenlace de los hechos violentos de Chilpancingo. “Sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos. Mediante una mesa de trabajo que instruí llevar a cabo al titular de la [Secretaría General de Gobierno], Ludwig Marcial Reynoso Núñez, construimos acuerdos con los manifestantes, siempre, como se ha privilegiado, dentro del marco de la ley”.
No sé si el resultado sea un triunfo político para la gobernadora, pero es falso que se haya privilegiado el “marco de la ley”. Después de todo, se permitió el bloqueo del libramiento de Chilpancingo, un ilegal ataque a las vías de comunicación que afectó a miles, y el secuestro de 13 funcionarios. Y sí se trató de un secuestro; la expresión “fueron retenidos” es un eufemismo para describir la privación ilegal de la libertad. Los manifestantes también robaron un vehículo blindado, un Rhino, que utilizaron como ariete para embestir un edificio público. No hay detenidos ni consignados.
Si esto fue un triunfo para la gobernadora, para la gente común fue un desastre. El bloqueo de vías de comunicación duró dos días. No solo afectó a los habitantes de Chilpancingo, sino también a los de Acapulco y otros lugares de Guerrero. La capital quedó paralizada. Se suspendieron las actividades gubernamentales y las clases. Los comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Mucha gente perdió sus ingresos. A los políticos y a los burócratas no les inquieta, porque el gobierno les paga de cualquier manera, pero a la gente del pueblo sí le importa y mucho.
La gobernadora de Guerrero afirma que la liberación de los secuestrados y del libramiento se logró después de que los manifestantes firmaron un acuerdo para la construcción de “obras sociales”. Los líderes de los manifestantes habían declarado desde un principio que este era el propósito de sus movilizaciones, pero la secretaria de seguridad ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, desmintió ayer a la gobernadora en la mañanera en Palacio Nacional al declarar que la movilización fue motivada por “la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas”. Estas dos personas, añadió, pertenecen “a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada. por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal”.
Supongo que la secretaria Rodríguez no mintió -ya que en la 4T los funcionarios no mienten, ni roban, ni traicionan- y los manifestantes actuaban realmente en representación de Los Ardillos. Cabe preguntarse, entonces, si la negociación tuvo que ver únicamente con la realización de obras sociales o si se hicieron otras concesiones a este grupo criminal. No olvidemos que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, se reunió con Celso Ortega, uno de los líderes de Los Ardillos, y no sabemos que le prometió.
Si se hicieron concesiones a los criminales, es lamentable. El presidente afirma, después de todo, que en el pasado se vivió un narcoestado, pero narcoestado es el que hace acuerdos con el narco, como habría ocurrido en este caso. Aun si el gobierno solo negoció la realización obras sociales, sería un error acordarlo con quienes lo extorsionaron bloqueando una vía de comunicación y secuestrando a funcionarios. Ceder ante un extorsionador es crear incentivos para más movilizaciones que violen el marco de la ley y los derechos de inocentes.
Elevador
Aitana Betzabé Domínguez, de seis años, murió prensada en un ascensor del IMSS en Quintana Roo. La institución quiere lavarse las manos culpando a la empresa de mantenimiento, contratada en febrero de 2023, y deteniendo al camillero, Víctor F. Sin embargo, un camillero no es responsable del elevador, mientras que los directivos del IMSS sí lo son de contratar a la empresa de mantenimiento.
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