Una vez más el presidente ha cambiado de opinión. Los principios que mantenía en la oposición hoy los desprecia o viola. Quizá, simplemente, los ha olvidado.
El 24 de abril del 2005, semanas después del voto de desafuero en Diputados del 7 de abril, se llevó a cabo la “manifestación del silencio” en apoyo al todavía jefe de gobierno del Distrito Federal. En el mitin final, en el Zócalo, López Obrador ofreció uno de sus mejores y más emotivos discursos. Fueron las palabras de un estadista. Afirmó que las acciones legales y “la descarada campaña en mi contra impulsada desde los Pinos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio: que el asunto del desafuero no es de naturaleza jurídica, sino política. Están tratando de quitarle al pueblo el derecho a elegir libremente a sus gobernantes”.
“Aclaro, nuestro proyecto no implica excluir, hacer a nadie a un lado. El cambio que proponemos no significa un retorno al estatismo. Tampoco proponemos autoritarismo, mano dura, predominio de un poder sobre los otros, mucho menos la desaparición del Poder Judicial o el encarcelamiento de políticos y gobernantes. ¡Nada de eso!”.
“El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos. El presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa para ayudar a sus amigos y para destruir a sus adversarios”.
Bellas palabras que se ha llevado el viento. Hoy el presidente López Obrador ha lanzado desde Palacio Nacional una “descarada campaña” contra la oposición, pero en particular contra Xóchitl Gálvez, a quien ve como el principal peligro para continuar su régimen con un sucesor a modo.
En esta campaña el presidente no ha dudado en violar la ley que impulsó en la reforma electoral de 2007. Ha utilizado toda la fuerza del Estado para intervenir en el proceso electoral. Ha descartado, incluso, la secrecía que por ley las autoridades deben aplicar a la información fiscal o financiera de los gobernados. La divulgación de los ingresos de las empresas de Xóchitl es un delito, pero no le ha importado cometerlo.
No hay indicación en la información ilegalmente exhibida que Xóchitl o sus empresas hayan cometido falta alguna. El presidente simplemente busca descalificarla por el pecado de haber sido una empresaria exitosa. Para un hombre que ha vivido durante décadas de aportaciones en efectivo este éxito es una afrenta. Pero aun en eso es injusto. No le molestan las fortunas de sus colaboradores o sus parientes, ni los contratos indebidos que su gobierno ha repartido.
Hasta ahora los ataques del presidente solo han conseguido fortalecer a Xóchitl. Él mismo la ha convertido en la opción más popular de la oposición. Pero la furia de un presidente convertido en jefe de facción se concentra en destruir a su adversaria. Sabe que no hay irregularidades en las actividades de las empresas de Xóchitl, pero quiere amedrentar a sus clientes para que cancelen sus contratos. Ya dijo que esto harán las dependencias de su gobierno. Pretende que las empresas privadas, que son sus principales clientes, hagan lo mismo por miedo a su gobierno.
López Obrador ha olvidado el discurso de estadista del 24 de abril de 2005. No quiere ser factor de concordia, solo piensa en destruir a la mujer que se ha atrevido a retarlo.
Cerrados
La Constitución y la ley prohíben desde 2007 los actos anticipados de campaña; pero en lugar de aplicar la ley, dos nuevos consejeros del INE favorables al régimen, Rita López y Jorge Montaño, han votado en la Comisión de Quejas por mantener estos actos siempre y cuando se realicen en lugares cerrados o en espacios del partido. Es una muy cerrada concepción de la ley.
www.sergiosarmiento.com