En el documento “Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células” de la Organización Panamericana de la Salud, se establece un objetivo que es el de promover el acceso equitativo a esta alternativa terapéutica con base en la donación voluntaria, para satisfacer la creciente demanda de estos tratamientos, salvar vidas y mejorar las condiciones de las personas y comunidades.
Esta meta está sustentada en realidades indiscutibles: se dice que la donación de órganos salva vidas, porque en aquellos individuos que tienen una falla orgánica de carácter terminal, cuyo desenlace es la muerte, el trasplante ofrece una oportunidad de una más larga y provechosa vida, mientras que si no se tiene esa chance, estas personas sucumbirían de manera ineludible a su condición médica. De la misma manera, los trasplantes mejoran la calidad de vida, aliviando los síntomas clínicos y ayudando a los receptores a regresar a una vida más activa, productiva y plena.
Por otro lado, el trasplantar personas reduce el costo a los sistemas sanitarios, puesto que a largo plazo (comparado con tratamientos y hospitalizaciones) un trasplante reduce el gasto asignado a pacientes que padecen enfermedades relacionadas con disfunción orgánica. De la misma manera, el trasplantar personas ha sido un generador de desarrollo en las ciencias médicas, con mejores técnicas quirúrgicas, desarrollo de la inmunología, medicina del trasplante y preservación de órganos, así como el fortalecimiento del conocimiento médico, con la mejora en cuidados del paciente.
Desafortunadamente, la realidad que enmarca a nuestro País y región (Latinoamérica), presenta una realidad adversa respecto a trasplantes, puesto que se padece de un “desabasto” de órganos para estos procedimientos. La demanda supera por mucho a la oferta y las listas de espera crecen y crecen día con día. También, la calidad y accesibilidad de los sistemas de salud que puedan realizar esta actividad es limitada, puesto que no se cuenta con infraestructura, financiamiento o talento humano, lo que reduce la oportunidad para ser beneficiario de esta terapéutica. La legislación y marco regulatorio no están completamente homologados, claros o disponibles, lo que ocasiona confusión, problemas legales y retraso en la toma de decisiones para médicos, pacientes, donadores y receptores. Existe también el desafío (y necesidad de combate) del tráfico de órganos, así como prácticas no éticas dentro de los sistemas sanitarios para dar preferencias de acceso por ciertas condiciones socioeconómicas, políticas o de poder. Por último, el impacto de la pandemia por COVID–19 ha sido mayúsculo en esta rama de las ciencias médicas, generando disrupción de la procuración orgánica, procedimientos quirúrgicos y la necesidad de establecer medidas adicionales de seguridad para proteger a los receptores, donadores y personal de salud.
El reto es mayúsculo, sí, pero no hay otro camino más que el de seguir avanzando. Las autoridades y población deberán trabajar en conjunto para fortalecer los mecanismos de promoción de la donación orgánica (y de otros tejidos, como la sangre), haciendo patente que el convertirse en donador literalmente salva vidas. De igual manera, el esfuerzo tendrá que orientarse a resolver las consideraciones éticas y morales que se relacionan con esta actividad y el hacer más evidente la necesidad de mayor solidaridad y compasión, sin dejar de lado que todo tendrá que estar bajo una regulación estrecha y con el apoyo científico, técnico, administrativo y financiero, para que las personas que requieren de esta oportunidad de vida, puedan tener acceso a ella. Es tiempo.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación voluntaria de sangre.
RAA