Cuando trabajaba en La Jornada Semanal contraje un extraño síndrome: la “angustia del fólder”. Recibíamos tantas colaboraciones que no sabía cómo disculparme ante los muchos colegas cuyos trabajos posponíamos o rechazábamos. Varias veces fui interceptado en el Metro por gente que me proponía un texto. La situación alcanzó rango de paranoia cuando, al subir a un vagón, vi a unas treinta personas portando cartulinas con esos colores que sólo tienen los fólders (nuestra industria papelera ha logrado producir un verde, un amarillo y un azul tan desteñidos como la esperanza de concluir un trámite). Se trataba de personas que llevaban documentos para sobrevivir como mexicanos, pero la sola posibilidad de que tuvieran un artículo para el periódico me producía taquicardia.
Dependemos de un sello o un papel foliado. Por lo tanto, no me sorprendió ver una motocicleta que en vez de placa llevaba un documento enmicado en tamaño media carta. Supuse que se trataba de una de las muchas transacciones provisionales del país. Sin embargo, al comentar el asunto con un taxista, supe que esas motos circulan en la capital con la venia de Guerrero. El estado que encabeza la producción de mango también reparte permisos transitorios para motos.
Basta detectar una anomalía para percibirla en todas partes. De cada cinco motocicletas, distinguí una que no parecía verificada en un taller sino en una oficina de facturas. Me informé más y supe que a cambio de cien pesos se obtiene un papel para circular por treinta días. No es necesario ir a Chilpancingo para conseguirlo. Los recursos de Guerrero son ubicuos.
La diputada Guadalupe Morales, de Morena, tomó cartas en el asunto y logró que el Congreso local aprobara un Punto de Acuerdo para contener la proliferación de motos guerrerenses. El 8 de abril de 2022, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inició el combate de dicha irregularidad. Sin embargo, nuestro país se rige por cosmogonías. Se necesita una era astronómica para pasar de la promulgación de una ley a su cumplimiento.
Mientras eso sucede, los funcionarios están obligados a declarar. Una representante de Semovi informó en televisión que gracias al operativo del 8 de abril se pudieron detectar numerosas motos pirata. La verdad, no se necesita otro operativo que tener ojos para descubrir ese ilícito.
Lo cierto es que ya se legisló y ya se detectó. Pero la realidad ha cambiado poco. Hace unos días me detuve ante una moto estacionada en la banqueta. El permiso de treinta días había sido expedido en Alcozauca, Guerrero, cuya base de datos se desconoce en este altiplano. Si te asaltan en una moto “registrada” ahí, no hay manera de rastrearla.
La ilegalidad que prospera entre las motos tiene un correlato en el sector alto de la población. Miles de coches de lujo se registran en Morelos para no pagar tenencia. No abrumaré a los lectores con las operaciones para calcular este impuesto; lo decisivo es que los modelos caros tributan más; por ejemplo, la tenencia del que cuesta dos millones anda por los 50 mil pesos y la de los deportivos de gama superior puede costar el triple.
La tenencia es una importante medida redistributiva. Sin embargo, numerosos automovilistas que utilizan las calles de la capital no contribuyen a mejorarlas. Se calcula que cerca de 250 mil coches circulan en esas condiciones, lo cual sugiere una evasión multimillonaria. Chava Flores previó la situación en “Sábado Distrito Federal”; en una estrofa canta: “Los potentados salen ya con su charchina/ Pa’ Cuernavaca, pa’ Palo Alto, qué se yo”.
Si los autos que se registran en el Estado de México pagan tenencia, ¿no sería lógico que se hiciera lo mismo en el muy cercano Morelos?
Se diría que la razón de ser del Estado mexicano es la confusión burocrática. Los trámites nos oprimen y la transa nos libera. Como esta dinámica se alimenta de sí misma, para superar una infructuosa reglamentación, se promulga otro reglamento.
Desde 1917, nuestra Constitución ha recibido más de 700 enmiendas. En un país donde las leyes están en trámite perpetuo no es de extrañar que el tráfico capitalino sea un muestrario de permisos que se piratean e impuestos que se evaden.
Más que un reglamento necesitamos un milagro. ¿Será posible que la Virgen del Tránsito agilice las acciones de Semovi? ¿Habrá que ir a la parroquia de Santa Mónica de Alcozauca a pedir por la regularización vehicular?
Gsz