Retener la información es la esencia de la tiranía. El control del flujo de información es el instrumento de la dictadura”.
Bruce Coville
Uno de los grandes reclamos de la sociedad durante décadas, pero muy especialmente de la izquierda, fue la transparencia gubernamental. El reclamo surgía de una convicción: la información generada por el gobierno no es propiedad del gobernante sino del gobernado. Es muy triste que el gobierno de López Obrador, que se dice de izquierda, haya rechazado la transparencia.
El presidente, en efecto, ha hecho todo lo posible por combatirla. Ha tomado medidas para ahogar al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y ha buscado ocultar la información sobre el gasto gubernamental.
Ayer lanzó uno de sus habituales ataques contra el INAI. “Nosotros lo único que lamentamos es que hayan creado esa comisión, esa oficina, supuestamente de la transparencia, que se creó en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera”, declaró. “Ese aparato administrativo, burocrático, bueno para nada, cuesta mil millones”.
El presidente habla desde el olvido o desde la ignorancia. Es falso que el IFAI, posteriormente INAI, haya sido creado por Fox. De hecho, Fox sufrió en 2001 su primer escándalo de gasto, el “toallagate”, cuando una investigación reveló que la residencia de Los Pinos había comprado toallas de 400 dólares. “No podemos ir a ciegas a una reforma fiscal -argumentó el entonces senador del PRD Martí Batres–. ¿Para qué va a ser? ¿Para comprar toallas?”.
La iniciativa para una Ley Federal de Acceso a la Información surgió en ese 2001 en unas reuniones de periodistas y académicos que posteriormente se conocieron como Grupo Oaxaca. En la Declaración de Oaxaca los participantes exigieron “crear un texto constitucional breve y conciso que consagre el principio de que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano”. También propusieron formar “una autoridad independiente” para “intervenir cuando haya controversias” sobre la información pública que soliciten los gobernados. La idea no era de Fox, quien argumentaba que la ley no era necesaria. Si AMLO tiene dudas sobre el origen de la ley puede preguntarle a Jenaro Villamil, su cercano colaborador, quien participó en el proceso en representación de La Jornada.
Como presidente, López Obrador ha hecho todo lo posible por acabar con la transparencia. Ha vetado a nuevos comisionados del INAI para dejar el pleno sin quórum y ha dado instrucciones a su bancada en el Senado para no designar a nuevos comisionados. Además, ha reservado por falsas razones de seguridad nacional la información sobre sus proyectos personales.
La Suprema Corte, a pesar de los esfuerzos de los ministros cooptados por el presidente, ha defendido el derecho de acceso a la información. Este 2 de octubre ordenó al Senado designar a los nuevos comisionados del INAI y, además, ratificó que el pleno puede sesionar con menos de cinco comisionados mientras el Senado no cumpla con su obligación. Pero el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ya declaró que el fallo no significa que se logrará la mayoría para aprobar las designaciones. Al parecer, el presidente y sus legisladores seguirán tratando de obstaculizar la transparencia.
López Obrador, fiel a su estilo, argumenta que el INAI es caro. Omite decir que la opacidad es bastante más onerosa. El gasto reservado de su gobierno no es de solo mil millones de pesos, sino de cientos de miles de millones. Quizá el presidente debería recordar la lucha de la izquierda durante tanto tiempo para garantizar la transparencia.
Postdata
El INE ordenó al presidente quitar la postdata a los “conservadores” del inicio de sus mañaneras. Ni siquiera un INE más obradorista puede hacerse de la vista gorda ante un texto que viola flagrantemente la ley. Yo opino que es una mala ley, pero la misma izquierda de AMLO la apoyó en 2007 en eras de la equidad electoral.
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