La primera condición del progreso es la eliminación de la censura”.
George Bernard Shaw
Nunca es aceptable la censura, mucho menos si la aplican autoridades cuya responsabilidad debería ser organizar elecciones y garantizar el derecho a la libertad de expresión que reconoce el artículo sexto de la Constitución. A últimas fechas la censura se está aplicando por lo que llaman “violencia política de género”. Las verdaderas víctimas, sin embargo, son la libertad de expresión y quienes se atreven a ejercer este derecho constitucional.
El caso más reciente es el de Denise Dresser, columnista y compañera de página en Reforma, quien cuestionó a la diputada morenista Andrea Chávez Treviño el presunto uso de bienes públicos, un avión gubernamental, en beneficio propio y de su familia. La excusa para la denuncia por violencia política de género ha sido el hecho de que la periodista comentó sobre una posible relación personal entre la diputada y el exsecretario de gobernación y exaspirante a la Presidencia Adán Augusto López Hernández. La denuncia llevó a la imposición primero de medidas cautelares por el INE y luego a una sentencia contra Dresser por una sala regional del Tribunal Electoral.
Antes hubo una denuncia de la senadora Citlalli Hernández contra Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, empresa con la que también colaboro. En lo personal no me gustan algunos de los calificativos que Salinas ha utilizado contra la senadora, pero en un país de libertades todos tenemos el derecho de expresar nuestros puntos de vista. En este caso el INE emitió también medidas cautelares, las cuales, sin embargo, fueron desechadas por la sala superior del Tribunal Electoral “debido a la falta de competencia de la autoridad responsable”.
La diputada Chávez no solo denunció a Dresser, sino también a otros periodistas. Javier Tejado ha señalado en El Universal que el INE ha abierto expedientes contra Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Guadalupe Loaeza, Fernando Belaunzarán, Lourdes Mendoza, Verónica Malo, Federico Arreola, Hiroshi Takahasi, Chumel Torres, Nayeli Roldán y Leopoldo Mendívil, además de las legisladoras Lilly Téllez y Luisa Adriana Gutiérrez. El INE debería dedicarse a organizar elecciones, no a censurar a periodistas o a políticos.
La diputada Chávez quiere ser senadora, pero a fuerza de denuncias que buscan regresar al país a los tiempos de la censura abierta. El daño a la libertad de expresión puede ser permanente. Lo curioso es que la diputada forma parte de un movimiento cuyo líder, el presidente López Obrador, afirma estar a favor de la libertad de expresión. El 30 de junio de 2020 declaró: “Me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años la respuesta sea la libertad y no la censura”.
La reforma electoral de 2007 introdujo medidas para coartar la libertad de expresión. Se prohibió a candidatos o partidos difundir “expresiones que calumnien a las personas”. A los políticos se les negó la posibilidad de hacer política. A los ciudadanos se nos negó la libertad de contratar tiempos de radio o televisión para expresar nuestras posiciones. Las leyes sobre violencia política de género de 2020 han venido a agravar la situación. No solo dan un trato diferenciado a mujeres y hombres, sino que se usan para ocultar posibles actos de corrupción. La diputada Chávez ha hecho sus denuncias por la discusión de una posible relación personal con otro político, lo cual es un campo válido de investigación periodística, pero ha impedido que se profundice en un uso presumiblemente ilícito de un avión militar por ella y su familia.
Yo defenderé cualquier medida que prevenga la violencia, no solo contra mujeres sino también contra hombres. Pero una cosa es impedir la violencia y otra censurar las críticas políticas. No puede haber democracia sin libertad de expresión.
Sodio
La empresa sueca Northvolt ha desarrollado una nueva batería de iones de sodio en lugar de litio, cobalto o níquel. ¿Qué hará ahora nuestro gobierno? ¿Nacionalizar el sodio?
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