Nada es más fácil que encontrar fallas en las instituciones humanas, nada más difícil que sugerir mejores prácticas adecuadas”.
Thomas Malthus
Desde su discurso en el Zócalo del 1ro de septiembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador expresó lo que quería: “Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida”. Enfurecido por su cerrada derrota en la elección presidencial del 2 de julio exclamó: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un gobierno de la república!”. Lo paradójico es que ese nuevo “gobierno de la república”, creado por una “revolución de la conciencia”, no es más que el regreso a un régimen de presidencia imperial, carro completo y partido único.
El hoy presidente está todavía buscando mandar al diablo las instituciones con estrategias variadas: a algunas, las quiere simplemente exterminar; a otras, asfixiarlas, quitándoles recursos; a unas más, dejarlas sin sus plenos completos; a otras, capturarlas, nombrando a incondicionales en su interior. Se trata de un desmantelamiento de ese Estado moderno que la izquierda exigió durante décadas.
Sí, fue la izquierda la que demandó la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar los abusos de policías y militares; de árbitros y tribunales electorales independientes, para impedir que los secretarios de gobernación/presidentes de la Comisión Electoral se robaran las elecciones; de un instituto de transparencia, para frenar la opacidad en el gasto público; de una comisión de competencia, para prevenir los abusos de los monopolios.
La izquierda también exigió que la Suprema Corte fuera autónoma. Todavía en 1998 la entonces diputada de izquierda Lenia Batres exigía despojar al presidente de la facultad de “proponer y nombrar de hecho” a los ministros porque “eso no garantiza la autonomía” del poder judicial ante los actos del ejecutivo. “Esto ya no debería ser en nuestro país”, decía. ¡Cómo contrasta esta posición con el agradecimiento público al presidente por haberla nombrado ahora ministra de la Corte!
El presidente López Obrador ha mostrado una gran habilidad para ir extinguiendo, debilitando o colonizando las instituciones que se crearon como contrapesos al poder presidencial. Ha dado instrucciones a su mayoría en el Senado para que no nombre a los dos magistrados que faltan en el Tribunal Electoral, a pesar de que la Suprema Corte cumplió en tiempo y forma cuando presentó ternas de candidatos experimentados y respetados. Ha aprovechado la falta de esos magistrados para colocar en la presidencia del tribunal a una magistrada, Mónica Soto Fregoso, cercana a su movimiento. En la Suprema Corte promovió la renuncia inconstitucional de Arturo Zaldívar (inconstitucional, porque nunca se justificó la causa grave que exige la carta magna) y ha colocado en su lugar, por 15 años, a una nueva ministra, Batres, que quizá defendía la autonomía de la Corte cuando era de izquierda, pero que hoy se perfila como un voto más del bloque conservador que obedece todas las instrucciones del presidente, sin considerar lo que dicen la Constitución y las leyes que de ella emanan.
La guerra contra las instituciones que declaró López Obrador en 2006 no busca acabar con todas ellas. Es más bien un intento por regresar al viejo sistema de un presidencialismo sin contrapesos, carro completo en elecciones e instituciones electorales y de justicia subordinadas al ejecutivo. ¡Quién hubiera dicho que un gobierno que dice provenir de la izquierda habría terminado impulsando políticas tan reaccionarias!
Pérdidas
¿Cuánto dinero perderá el Tren Maya? No sabemos porque el gobierno ha ocultado mucha información. Fonatur prometió que los pasajes costarían 60 pesos para nacionales y 80 pesos para extranjeros, pero se están cobrando 1,166 en clase turista y 1,863 en “premier”. Aun así, se requerirían siglos para amortizar la inversión que iba a ser de 120 mil millones, pero que ya ronda el medio billón.
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