William Lamb, mentor de la Reina Victoria, dijo alguna vez que “la posesión de un gran poder, implica necesariamente una gran responsabilidad”. Luego, a principios del siglo XX, Winston Churchill invocaba de nuevo esa misma máxima refiriéndose a las estructuras de gobierno. En tiempos recientes, incluso en la cultura popular, el Tío Ben advertía al asombroso Hombre Araña sobre lo mismo.
Pues bien, en nuestro sistema de gobierno, esta frase tiene una aplicación puntual y real: los representantes del ejecutivo, legislativo y judicial, tienen un gran poder y por ende, una gran responsabilidad.
En México, estas ramas de gobierno desempeñan roles cruciales en materia sanitaria y podemos citar algunos ejemplos:
El poder legislativo es responsable del desarrollo de leyes relacionadas con la atención sanitaria y cuidados de la salud. Estas leyes establecen el marco de los sistemas sanitarios, incluyendo regulaciones acerca de la administración y otorgamiento de los servicios, seguridad social, industria farmacéutica y otras iniciativas de salud pública. De la misma manera, tienen autoridad para evaluar la implementación de dichas políticas y hacer responsable al ejecutivo de las acciones realizadas ya sea por audiencias, investigaciones o auditorías que aseguren que las agencias gubernamentales están utilizando de manera adecuada los recursos y atendiendo de manera cabal a las poblaciones. Además, tienen control sobre la distribución de los recursos asignados para la salud a través de ejercicios presupuestarios y toman decisiones sobre las diversas asignaciones para los programas o iniciativas de salud pública.
En el caso del ejecutivo (comandado por el Presidente y sus diversos secretarios o agencias) se encuentra la responsabilidad de la implementación de las diversas políticas diseñadas por la legislatura.
Esto incluye la ejecución de programas, la aplicación de regulaciones y el manejo de las instituciones de salud a nivel federal. Tienen la capacidad y autoridad de tomar decisiones administrativas sobre la operación del sistema de salud, como los licenciamientos, aprobación de tratamientos, implementación de estándares, entre otras tareas de gran calado, además de la movilización de recursos para dar garantía de una atención oportuna, accesible y de calidad para las poblaciones, sin olvidar que tienen a su cargo la cooperación internacional, la negociación de acuerdos y la implementación de las mejores prácticas basadas en evidencia.
Por último, el poder judicial debe salvaguardar los derechos de las personas, incluyendo acceso a servicios de salud, tratamientos y otros beneficios relacionados. De igual manera, han de apoyar a resolver disputas y clarificar ambigüedades legales, sentando incluso precedentes en la interpretación de leyes sanitarias que den forma a las decisiones sobre políticas públicas específicas. No hay que olvidar que también revisan las acciones llevadas a cabo por las agencias de gobierno, para asegurar que cumplen con los requisitos legales y de procedimientos, así como llevar a cabo acciones disciplinarias que promuevan la transparencia y asunción de responsabilidad.
Es de hacer notar que estos sujetos e instituciones representan los intereses y preocupaciones de una nación y es por ello que llevan consigo una gran responsabilidad. Sí, poseen un gran poder, pero este debe ser utilizado para formular, diseñar, ejecutar, administrar, evaluar y fiscalizar políticas públicas sensatas, que se transformen en la mejoría de la salud de los ciudadanos. En los tiempos que corren, debemos estar atentos a que los sujetos que los representan (o representarán) entiendan justo eso: “al que mucho se le da, mucho se le exigirá y al que mucho se le confió, más se le pedirá”.
Médico Especialista en Patología Clínica, Profesor Universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
RAA