Se publicó esta semana el Índice de Estado de Derecho de la ONG World Justice Project y los resultados siguen siendo poco alentadores. No sólo para México, por sexto año consecutivo la medición ha caído en la mayoría de los países del globo, 82, mientras ha mejorado en 58. Para quienes no conocen esta valoración, que comento en este espacio desde hace seis años, el valor óptimo equivale a 1.0, y a partir de allí se degrada hasta llegar a 0.26, la calificación de Venezuela. La mejor nota, 0.9, la mantiene Dinamarca, país modélico hasta para nuestro presidente.
El resultado de México, bastante flojo desde el inicio de la medición, se mantuvo en 2023 en 0.42, teóricamente lo mismo que el año 2022, aunque descendimos un escalón al puesto 116 de los 142 evaluados, por debajo una centésima de Angola y Madagascar; y una por encima de Guinea, Turquía, Honduras y Nigeria. Si el vecindario les dice poco o nada, añadiré que entre los 41 países de ingresos medio-alto México se encuentra en el lugar 38. Entre los 32 países de América Latina y el Caribe, liderado por Uruguay con 0.72 y Costa Rica con 0.68, México ocupa el puesto 27, por debajo de Guatemala. En puntuación hemos descendido de forma constante de 0.47 desde que inició la medición en 2015.
¿Estamos en realidad tan mal? Se preguntarán muchos. Aquí debemos hacer un paréntesis para explicar que las calificaciones se estiman sobre la base de percepciones de expertos, principalmente personas relacionadas con el área jurídica y médica; una base de 12.800 encuestados en todo el país; y estadísticas tanto oficiales como de organismos independientes. La lista de expertos es larga y se publica en el informe desglosada estado por estado, así como la metodología empleada para la obtención del índice.
Lo más interesante viene al revisar a detalle los 8 rubros que conforman la calificación: Las peores notas como país las obtuvimos en Ausencia de corrupción, 0.26, que nos pone en el lugar 134 del mundo; Justicia penal, 0.26, lugar 132; y Justicia civil 0.37, lugar 131.
Estos dos últimos aspectos se encuentran justamente en el ojo del huracán por estos meses gracias al famoso plan C que ha espantado hasta los mercados bursátiles. Intervenir el sistema judicial y de procuración de justicia no sólo es algo vital para México, las calificaciones actuales podrían justificar cualquier solución radical, pero también hay que reflexionar que aún hay margen para seguir cayendo…
Pero vamos a algunos detalles: en el rubro que evalúa el grado de corrupción, por ejemplo, la peor nota se obtiene al preguntar si los funcionarios del poder legislativo emplean su curul para obtener beneficios personales. En cuanto a Justicia penal, los ámbitos peor calificados son: Efectividad de las Fiscalías, Oportunidad y eficacia del sistema de sentencias, Efectividad del sistema correccional para inhibir la conducta penal, e Imparcialidad del sistema penal. Las calificaciones no sorprenden, más si consideramos que llevamos un sexenio completo prácticamente sin fiscal general de la Nación, algo de lo que nunca se habló ni en las campañas ni en los debates presidenciales, por cierto.
Para terminar, lo valioso también del estudio de WJP consiste en los desgloses y rankings por entidad federativa. Para Guanajuato, como lo comenté el año pasado, la situación había ido en mejoría (quizás también fruto de esas percepciones), hasta convertirnos en la segunda entidad mejor calificada a escala nacional. Este año mantuvimos el segundo lugar, pero disminuyó la calificación una décima a 0.47, que sigue siendo un reprobado, casi la mitad de Dinamarca. Si sirve consuelo, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y el Estado de México, 0.35, ocupan en ese orden el fondo de la tabla.
La pregunta importante es: ¿Dónde están las peores notas de Guanajuato? La respuesta se antoja obvia: Orden y seguridad, 0.40, lugar 18; y Justicia penal, 0.42, lugar 6. Ambos rubros en manos de los funcionarios más cuestionados de este sexenio, cuya remoción (sin presentar siquiera candidatos viables) funcionó como promesa de campaña de la gobernadora electa Libia Denisse García. Todos nos preguntamos ¿Cumplirá su palabra y solicitará la renuncia del fiscal Carlos Zamarripa? Tras las elecciones, la nueva conformación del congreso estatal apoyaría sin cortapisas el despido. Si está pensando en cumplir: ¿Dispone ya Libia García de perfiles idóneos para reemplazarlo a él y a Alvar Cabeza de Vaca?
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