La reforma del Poder Judicial acapara toda la atención de la comentocracia, de la clase política, de “los poderes”, como se les decía antes, e incluso de un nutrido grupo de exmandatarios internacionales. Con toda la razón: si llegaran a ser designados los jueces en México, y en particular los ministros de la Suprema Corte, por el sufragio universal, se debilitaría enormemente el poder judicial y la separación de poderes, uno de los legados más importantes de la transición mexicana a la democracia.
Para lograr dicha reforma, el gobierno actual, y en su caso, el que toma posesión el 1 de octubre, necesitan dos terceras partes de los votos en ambas cámaras, ya que se trata de una reforma constitucional. La conformación de las cámaras, por lo tanto, se vuelve crucial, y la manera de definir quién tiene cuántos diputados o senadores se torna decisiva. Cuentan dos criterios: el de la obtención por el gobierno de los dos votos adicionales que requiere en el Senado para lograr los 86 necesarios, y el grado de sobrerrepresentación que el INE y el Tribunal Electoral permitan en la Cámara de Diputados.
En el caso del Senado, la cuestión es relativamente sencilla. El gobierno comenzará con buscar la mayoría calificada a través de los dos senadores del PRD, que a pesar de la pérdida del registro de ese partido, fueron electos por el principio de primera minoría. De no prosperar esta maniobra queda la búsqueda en las filas del PRI o de Movimiento Ciudadano.
Si bien la batalla trascendente se dará en la Cámara, no es el único combate que conviene dar contra la reforma judicial. La lucha principal es fácil de explicar: la Constitución establece que ningún partido podrá disponer de una sobrerrepresentación superior al 8%.
Es decir, la diferencia entre el porcentaje de votos que alcanzó en las urnas y el porcentaje de diputaciones que se le atribuyan no puede superar el 8%. Para que Morena y sus aliados dispongan de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesitan una sobrerrepresentación de 24%. De modo que, según los adversarios de la reforma judicial, y de la 4T en general, sería anticonstitucional la mayoría calificada morenista.
Pero el oficialismo sostiene, al contrario, que la Constitución se refiere a “partidos”, no a coaliciones, y por lo tanto que el techo de sobrerrepresentación no aplica. A lo cual los partidarios de fijar el límite en 8% (principalmente expertos como Jorge Alcocer, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) responden que la Ley electoral (Legipe) y un par de sentencias del Tribunal electoral estipulan que sí aplica a coaliciones. Sobre todo, argumentan que el “espíritu” de la disposición constitucional, a diferencia de la “letra”, claramente se inclina hacia la aplicación a partidos y a coaliciones.
El golpe de estado contra el entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, hace unos meses, encerraba, entre otras, esta motivación: asegurar un fallo favorable a la 4T sobre el tema de la sobrerrepresentación. Su mayoría automática de tres a dos es clave. Para el gobierno saliente y entrante, se trata de un asunto de vida o muerte. Para la defensa de la democracia en México, no a tal grado, pero casi.
La complejidad de todo el expediente, sin embargo, explica en parte porque se vuelve factible que AMLO gane la partida. Los argumentos jurídicos de ambas partes contienen cierta validez. El tema es muy enredado. El antecedente ya consumado en la Asamblea de la Ciudad de México, y criticado incluso por partidarios de Morena, muestra que no es imposible que el oficialismo triunfe. Conviene dar la batalla, desde luego. Pero sin grandes ilusiones. Este arroz también puede haberse cocido ya.
* Excanciller de México