“Patearon el bote que no debían… pateaste el bote que no debían haber pateado… hasta con mi familia se metieron…”, avisó por la frecuencia de la Guardia Estatal de Tamaulipas, la noche del viernes pasado, el jefe de sicarios del Grupo Pantera de los Zetas Vieja Escuela, Jorge Luis Chávez Hernández, alias “El Flaco”.
Elementos de esa guardia acababan de detener a la esposa, la madre y la hija del jefe de sicarios, a bordo de una camioneta en la que, según los reportes, fueron halladas armas cortas. Las mujeres habían sido relacionadas con cobro de piso en la región: en los teléfonos que portaban, según fuentes del estado, había información que reveló que los Zetas Vieja Escuela gozan de la protección de agentes del estado que gobierna el morenista Américo Villarreal.
En la madrugada, un comando a bordo de tres vehículos con blindaje artesanal, de los llamados “monstruos”, fue lanzado contra el hotel, ubicado en Abasolo, Tamaulipas, donde se alojan elementos de la guardia, y al que usan como base.
Se desató un enfrentamiento en el que, de acuerdo con reportes oficiales, cayeron dos sicarios. Los estatales pidieron ayuda: elementos del Ejército y la Guardia Nacional salieron en su apoyo. Vino un nuevo enfrentamiento en el que murieron otros dos civiles armados y en el que se reportó también el fallecimiento dos militares y dos agentes de la Guardia Nacional, de acuerdo con el levantamiento llevado a cabo por el ministerio público.
En los tiroteos, la patrulla 1664 quedó totalmente perforada. Circularon más tarde fotografías de hombres tendidos, con chalecos tácticos y armas largas, a los que rodeaba un charco de sangre. Eran integrantes del Grupo Pantera que habían participado en el asalto. Uno de los fusiles asegurados por las autoridades presentaba en la culata la imagen de dos calaveras: en fotografías publicadas en redes sociales, aquel fusil aparece extrañamente en manos de un integrante de la Guardia Nacional, comentaron fuentes oficiales.
A las mismas horas, encapuchados de un supuesto Grupo Fénix de los Zetas Vieja Escuela viralizaron un video en el que anunciaron una limpia de integrantes del Cártel del Golfo en Ciudad Victoria. Simultáneamente, en una carta firmada Juan Treviño, El Ántrax, cabecilla de una “Nueva Columna Armada” con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco, hizo circular una carta en la que anunció el inicio de “un estado de guerra” en contra del grupo de autodefensas conocido como Columna Armada Pedro José Méndez, un brazo armado con el Cártel del Golfo que desde 2021 ha operado electoralmente en favor de Morena y del hoy gobernador del estado.
La Nueva Columna amenaza con desarticular “completamente las estructuras de poder de estos grupos” a fin de “garantizar la paz” en Hidalgo, Güémez, Padilla, San Carlos, Abasolo, Soto la Marina y Ciudad Victoria.
Horas después del ataque a la Guardia Estatal en Abasolo, se desencadenó una ola de enfrentamientos en Camargo, Río Bravo y Miguel Alemán. En los últimos días del mes pasado, por lo demás, Femsa anunció el cierre indefinido de 191 sucursales de las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, así como de siete gasolineras. El director de Asuntos Corporativos de Femsa, Roberto Campa, declaró que la decisión era una respuesta a las presiones impuestas por grupos criminales a colaboradores de esta empresa: no precisamente un cobro de piso, pero sí la obligación de comprar gasolina a determinados distribuidores, ajustar sus horarios e incluso modificar los precios. La medida, dijo, tenía como fin garantizar la integridad de sus colaboradores.
El gobierno de Villarreal recomendó a Femsa contratar seguridad privada; el Cártel del Noreste se deslindó del acoso a las sucursales y en un mensaje dirigido al presidente López Obrador le “solicitó” que investigara los intereses “de una persona” que podría estar tratando de abrirle las puertas de otro grupo criminal en la capital del estado.
“No somos los únicos, hay otros muchos negocios en Nuevo Laredo en estas mismas condiciones, pero no lo han manifestado”, agregó Campa.
“Los empresarios somos rehenes de las bandas delincuenciales y el cobro de piso se ha convertido prácticamente en un deporte nacional”, afirmó una entrevista con Telediario Radio de Tampico el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, Julio César Almanza. Fue su última declaración pública.
Un día después de emitirla, le dispararon diez veces en Matamoros. De acuerdo con el portal Elefante Blanco, Almanza había denunciado en una entrevista que grupos criminales habían exigido a Femsa la base de datos de sus empleados. Sin embargo, la pista más sólida en manos de las autoridades no apunta a su declaración, sino a asuntos relacionados con sus actividades empresariales.
A todo esto se suma la ola de secuestros ocurridos al norte del estado y que ha obligado a colectivos, no a solicitar el apoyo del gobierno de Villarreal, sino a rogar a los grupos delincuenciales, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco que intervengan en la búsqueda y localización de las víctimas, a fin de que estas vuelvan con vida.
Uno de los secuestrados es el padre de la diputada de Morena, Olga Sosa, vinculada con Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, quien fue asesinado en noviembre de 2021 luego de financiar las campañas de Morena en el estado.
Un segundo llamado de las activistas a los grupos criminales tuvo que ver con un profesor de Reynosa, secuestrado frente a su hija, y quien fue liberado horas más tarde gracias a la intercesión de un cártel.
Tamaulipas parece haber regresado a la peor época de su historia: no hay rincón del estado que no esté en poder de la delincuencia organizada. A tres años de su llegada al cargo, Américo Villarreal se encuentra sentado en un barril de pólvora, en el que la mecha hace tiempo que fue encendida. En el sexenio de los abrazos, que ya agoniza, el crimen ocupó los vacíos y anuncia guerras, “limpias”, matanzas sin fin.