“México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral”.
José Woldenberg
El presidente López Obrador y sus estrategas prepararon el camino para lograr la sobrerrepresentación que les permita cambiar la Constitución a discreción. Uno de los objetivos tácticos era controlar el Tribunal Electoral. Hay razones para pensar que lo han logrado. Ya hay una mayoría consolidada de tres magistrados favorables al gobierno en un pleno disminuido de siete a cinco. Por eso el presidente ha impedido que el Senado nombre a los dos nuevos que la Constitución prevé.
El 7 de agosto la Sala Superior del Tribunal, con un voto de tres a dos, revocó un fallo de la Sala Regional Especializada que determinó que el presidente López Obrador violó la imparcialidad, neutralidad y equidad de la campaña electoral de 2024 en 36 conferencias mañaneras. Los mexicanos fuimos testigos de los ataques del presidente a Xóchitl Gálvez y a la oposición, así como de las alabanzas a Claudia Sheinbaum y al régimen. Mi posición es que la ley no debería prohibir la expresión de opiniones por el presidente o por nadie más, pero las prohibiciones fueron creadas en la reforma electoral de 2007 a instancias del propio AMLO que se quejaba de las declaraciones del expresidente Vicente Fox en la campaña de 2006.
La Sala Superior ha devuelto ahora el expediente a la Sala Regional señalando que, en 24 de las 36 instancias, el plazo para sancionar terminó antes del fallo mientras que las otras 12 deben considerarse caso por caso. Apuntó que ocho de estas últimas 12 se hicieron antes del inicio del proceso electoral. La magistrada Jeanine Otálora, sin embargo, señaló que todo el proceso fue irregular ya que se permitió que las campañas empezaran incluso antes que las precampañas.
El fallo contra el presidente no habría tenido, de hecho, ninguna consecuencia práctica contra él. Los magistrados determinaron que, aunque el jefe del ejecutivo incurrió en promoción individualizada, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, e hizo un uso indebido de recursos públicos, no se le puede sancionar “por estar en un régimen especial ante la ley electoral”.
El voto en este caso es indicativo de la conformación política de un tribunal que debería ser imparcial. Los magistrados Janine Otálora y Reyes Mondragón votaron por ratificar el fallo, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta Mónico Soto Fregoso se pusieron del lado del gobierno. Es exactamente la misma votación de otros casos, como el que exoneró en la misma fecha a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, por presentar proyecciones sobre la conformación de la próxima legislatura a pesar de que la Segob no tiene ya facultades sobre los procesos electorales.
El que la Sala Superior tenga solo cinco magistrados es parte de la estrategia política del presidente. Es muy claro que pidió a su bancada en el Senado que no nombrara reemplazos para los magistrados Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas que concluyeron sus mandatos el 1 de noviembre de 2023. El propio AMLO ha reconocido la maniobra al explicar por qué no quiere que el Senado designe a los dos magistrados faltantes: “Es un plan con maña porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el tribunal y, entonces, el tribunal podría cancelar la elección”. La Suprema Corte nombra las ternas de las que el Senado debe escoger a los magistrados.
No hay ningún indicio de que el tribunal pudiera tratar de cancelar la elección, pero sí de que pueda impedir una sobrerrepresentación de los partidos del gobierno en el Congreso. El presidente, sin embargo, quiere la sobrerrepresentación para hacer lo que se le antoje con la Constitución.
Eligio
¿Qué tan cercana es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, a la 4T? Su padre Eligio Soto López es asesor de ponencia de la ministra Yasmín Esquivel con un sueldo bruto de 152,717.04 pesos al mes.
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