“Todo lenguaje lleva implícita una interpretación del mundo. Toda retórica es una ética”.
Alfonso Reyes, “Algo de semántica”
Solo una interpretación sesgada del artículo 54 de la Constitución puede dar a los partidos del gobierno la mayoría calificada que quieren en la Cámara de Diputados.
La fracción I señala que, para que un partido político pueda “obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientes distritos uninominales”. Ni Morena, ni el Partido Verde, ni el Partido del Trabajo registraron 200 candidatos por mayoría relativa, pero sus representantes afirman que sí lo hicieron, solo que juntos, en coalición. Para propósitos del registro quieren que los tres partidos sean considerados como uno solo.
La fracción IV dice: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, o sea, mayoría relativa y representación proporcional. La fracción V añade: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida”.
Para estas dos fracciones el gobierno quiere que sus tres partidos sean considerados como separados y no como uno solo, para así obtener más de 300 diputados y una sobrerrepresentación de 20 puntos o más. Es una interpretación radicalmente distinta a la que exigen para la fracción I.
Por otra parte, donde el artículo 54 dice “votación nacional emitida” quieren que se interprete como “votación nacional definida por el convenio de coalición”. Así, la coalición le daría al Partido Verde y al Partido del Trabajo triunfos que no obtuvieron, lo cual evitaría que Morena tenga todos los triunfos y se quede sin diputados de representación proporcional.
Con estas chicanadas el gobierno busca dar un golpe a la Constitución violando la letra y el espíritu del artículo 54. Lo peor es que lo apoyan algunas autoridades electorales. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tardó mucho en salir a dar los resultados del 2 de junio a pesar de la enorme ventaja de la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, porque en lugar de informar solo sobre el resultado de la elección presidencial, como siempre se hacía, ofreció una proyección de posibles diputados, pero usando la interpretación sesgada del gobierno.
“El INE no quita ni pone [legisladores] -declaró Taddei el 31 de julio–. El instituto aplica la ley, el instituto no va a salirse de los márgenes de la ley. El instituto se apegará 100 por ciento a la Constitución, y tan es así, y a nuestras leyes, que el 7 de diciembre tomamos un acuerdo que da cuenta de ello”. Este acuerdo cita la Constitución y las leyes secundarias sin aclarar que la interpretación debe ser la misma para las fracciones I, IV y V del artículo 54 constitucional. La consejera Claudia Zavala señaló en una opinión disidente que “debe privilegiarse en la aplicación de la fórmula una interpretación que atienda el pluralismo político y la proporcionalidad en la representación”. También lo pidió la entonces ministra Olga Sánchez Cordero en la tesis de jurisprudencia 70/98 de la Suprema Corte en defensa del PRD de López Obrador: “El análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no solo al texto literal. sino también al contexto. y al valor de pluralismo político que tutela”.
Toda ley requiere de interpretación, por eso tenemos tribunales. El presidente López Obrador dijo ayer que el Consejo Coordinador Empresarial “está pidiendo que se viole la Constitución”, pero no: está pidiendo, al igual que muchos juristas, que se respete todo el artículo 54 y no solo una parte.
Partido único
La editorialista Mary O’Grady escribe para el Wall Street Journal que las reformas de AMLO regresarían a México a “un Estado de partido único, como el que existió durante los años más represivos” del PRI, “solo que peor. Las cosas podrían ponerse mucho más feas por la intervención del crimen organizado”.
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