Al término de la gestión de cualquier gobernante, representante por elección popular o directivo, la evaluación de sus acciones y omisiones en relación con la mejora de los sistemas a su cargo debe abordarse desde una perspectiva integral, que contemple tanto resultados tangibles como cambios estructurales. En el caso de la salud no hay excepción y es necesario medir el impacto real de estas acciones y omisiones en las poblaciones, la sostenibilidad de esas políticas adoptadas y el legado que se deja en la infraestructura sanitaria “para el que viene”.
Deberían evaluarse el acceso universal a los servicios de salud, es decir, si durante el mandato se ampliaron o restringieron los servicios a la población. Debería revisarse si el número de personas con acceso a atención médica se incrementó, si se redujeron barreras económicas o geográficas y si los grupos vulnerables, como las poblaciones rurales o de bajos ingresos, realmente se beneficiaron de programas específicos.
Sería imperativo evaluar que la cobertura haya sido de calidad, revisando indicadores como los de mortalidad infantil y materna, las tasas de mortalidad evitable y el control de enfermedades crónicas, además de analizar si se impulsaron iniciativas para la certificación o el aseguramiento de la gestión de la calidad en las instituciones médicas.
Es innegable que un sistema de salud requiere de una infraestructura adecuada, por lo tanto, la evaluación debería incluir la inversión realizada en hospitales, clínicas, centros de salud y otros establecimientos. Sería importante revisar si se construyeron nuevos centros o se rehabilitaron los que estaban en estado crítico, además de determinar si la infraestructura se distribuyó de manera equitativa en todo el territorio, apelando a las zonas menos privilegiadas. Para lo anterior, sería clave evaluar la sostenibilidad de las políticas implementadas, revisando si se destinaron recursos suficientes al sector y cómo fueron gestionados. Se debería incluir el nivel de gasto público en relación con el PIB, hacer comparaciones con gestiones anteriores y analizar el manejo de fondos y la transparencia en el uso de los recursos, así como evaluar si fue posible reducir la dependencia de pagos de bolsillo de la población y si se implementaron mecanismos de financiamiento equitativos.
Otro tema a evaluar sería la adopción de nuevas tecnologías, como la telemedicina, el expediente electrónico y los sistemas de integración de información, es decir, los resultados en innovación tecnológica y digitalización. No debería olvidarse hacer una revisión de la capacidad de respuesta demostrada ante crisis sanitarias, analizando cómo la administración gestionó estos eventos, si se adoptaron medidas oportunas (basadas en la mejor evidencia disponible) y si se han fortalecido las capacidades del sistema de salud para futuras emergencias.
¿Hubo políticas orientadas a la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, campañas de vacunación y la disminución del consumo de tabaco, alcohol y drogas? ¿Hay evidencia de iniciativas para reducir enfermedades crónicas y transmisibles? ¿Se capacitó al personal, se mejoraron las condiciones laborales y hubo oferta de formación continua, distribuyendo de manera sensata al personal en zonas urbanas y rurales? Son preguntas que deberían de realizarse al término de esta administración.
En resumen, la evaluación de la gestión de gobernantes o dirigentes en cuanto a la mejora del sistema de salud debe ser amplia, considerando tanto los avances en infraestructura y cobertura como el impacto en la calidad de los servicios, la innovación tecnológica, la gestión financiera y la preparación ante crisis sanitarias. El objetivo final es determinar si las políticas implementadas han contribuido a un sistema más accesible, equitativo y sostenible. Ahora bien, queda la última pregunta: ¿habrá el ánimo de hacer esta revisión, evaluación y fiscalización? Queda en los ciudadanos exigirla. Es tiempo.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.