Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación…

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el gobierno federal aceptara la precaria situación de varias zonas del país en su seguridad pública, ingobernabilidad y territorios perdidos al crimen organizado, podría decretar un estado de excepción. Significa la suspensión de algunas garantías individuales para enfrentar la guerra de terror que sufre, por ejemplo, Chilpancingo. 

La Constitución lo permite en su artículo 29. La decisión debe ser avalada por los tres poderes y definido el alcance y temporalidad de la medida. Puede ser regional o nacional. Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho en 1942, por el estado de guerra que tuvimos con las naciones del Eje (Alemania, Italia y Japón) no se ha decretado. Ningún presidente se atrevió a usar la medida porque está ligada a golpes de estado. A los autócratas como Najib Bukele le funcionó la medida para remediar las atrocidades, para lograr la prevalencia de la ley y el orden en El Salvador frente a la violencia de las “maras”. Hoy es un héroe nacional con más del 94% de aprobación y con los índices más altos de seguridad en Latinoamérica. 

Imaginemos que mañana llegan unos 5 mil soldados a Chilpancingo, cierran calles, ponen retenes, clausuran bares, restaurantes y negocios del crimen organizado. Los actos de terror que fueron el asesinato del alcalde recién electo, Alejandro Arcos; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia y quien iba a encargarse de la seguridad pública del municipio, Ulises Hernández, merecen una respuesta contundente del Estado Mexicano. Sería la congelación de todas las actividades económicas que controlan las mafias locales. Transporte, comercio y extorsión, entre otras. Un duro golpe para la economía en el corto plazo pero una solución de largo alcance.

¿Cuál sería la respuesta de la opinión pública frente a una demostración de fuerza, de poder de la federación auxiliada por el Ejército y la Guardia Nacional? La barbarie de terror en la capital de Guerrero no puede enfrentarse sólo con métodos de inteligencia sino también con medidas extraordinarias o  “de excepción”. Decisiones que envíen un mensaje a todo el país: México tiene un sólo gobierno y va a prevalecer en cada metro cuadrado del territorio. 

El temor del pasado sexenio fue repetir la “guerra” contra el narcotráfico que llevó a cabo Felipe Calderón. Por eso la frase de “abrazos y no balazos”. El remedio fue peor porque al final tuvimos 200 mil homicidios dolosos y más de 50 mil desaparecidos. 
Para tomar medidas radicales se necesitan muchos arrestos. Tener la voluntad indeclinable de pacificar al país y rescatarlo del terrorismo, la extorsión y la muerte que provocan decenas de bandas organizadas en todo el territorio. Se necesita una verdadera estadista con visión y carácter, con humanismo y, sobre todo, patriotismo. 

Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública Nacional, trabajó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en Guerrero. Conoce la región. Si logra pacificar ese territorio del país, regresaría el respeto hacia la autoridad. Comenzaría una nueva era. 

 

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *