En nuestro país, la inseguridad vinculada al crimen organizado y la violencia generalizada no solo afecta a la población civil, sino que también repercute de manera directa en el personal de salud. Desde amenazas y extorsiones hasta agresiones físicas, las condiciones laborales para médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios en muchas regiones se han vuelto insostenibles, obligándolos a abandonar sus profesiones o trasladarse a áreas consideradas “más seguras”.
La violencia impacta de manera severa en regiones controladas por el crimen organizado o aquellas con flujos migratorios significativos. En estos lugares, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han reportado un aumento en las agresiones, incluyendo amenazas para priorizar la atención a personas vinculadas con actividades delictivas o para pagar cuotas por operar en ciertas áreas, el conocido “derecho de piso”.
En varios sitios, los grupos armados han utilizado los servicios de salud como herramientas de poder, intimidando al personal y forzando el cierre de clínicas en zonas rurales o suburbanas, lo que priva a las comunidades más vulnerables del acceso a servicios médicos esenciales. Algunos grupos de trabajadores o ramas de la medicina enfrentan riesgos mayores debido a la naturaleza de su trabajo, por ejemplo, los médicos generales en áreas rurales y pasantes de servicio social, al ser muchas veces los únicos profesionales en comunidades aisladas, son blancos fáciles para extorsiones, secuestros o agresiones sexuales. De manera similar, especialistas en trauma y emergencias, al atender a víctimas de violencia urbana o enfrentamientos armados, están expuestos a presiones para tratar a miembros de grupos delictivos bajo amenazas directas.
La crisis migratoria en las fronteras de Centroamérica, México y Estados Unidos ha intensificado los riesgos para el personal de salud. Se han documentado numerosos casos de secuestros y violencia sexual, no solo contra migrantes, sino también contra los equipos médicos que los asisten. Esto no solo daña a las comunidades, sino que también disuade a los profesionales de continuar trabajando en estas zonas.
Además de estos riesgos físicos, el personal médico debe lidiar con una alta carga emocional. La constante exposición a la violencia, las amenazas y la precariedad de los entornos laborales resultan en casos de estrés postraumático, ansiedad y agotamiento. Esto genera un círculo vicioso: la inseguridad reduce la disponibilidad de servicios médicos, lo que a su vez agrava las condiciones de salud de las comunidades más vulnerables.
La violencia es un obstáculo importante para el sistema de salud en México. Resolver esta crisis requiere no solo medidas de seguridad para el personal, sino también políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia en las regiones afectadas. Es urgente atender esta problemática para garantizar la continuidad de servicios de salud de calidad, en especial en las comunidades más necesitadas. Bajo estas condiciones adversas, a pesar de la vocación férrea y el deseo genuino de ayudar, el personal clínico está abandonando su actividad asistencial, ya que el temor a ser víctima de la violencia pesa más que el compromiso con la salud poblacional. Es fundamental atender esta situación, pues el daño al sistema de salud es profundo y puede tomar años en repararse. Como sociedad, debemos exigir soluciones y contribuir activamente. Es tiempo.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre
RAA