San Miguel de Allende, Guanajuato.- Dos años después de la determinación de no ejercer acción penal, un juez federal en San Miguel de Allende aceptó el amparo 144/2022 y resolvió que haya una nueva audiencia del caso de Leonardo Reyes Cayente.
“Estamos a la espera de que se señale la fecha de audiencia, una vez admitido se entra al fondo del asunto porque lo ordena un Juez Federal para conocer las irregularidades de este proceso por el que se dio carpetazo”, explicó Juan José Padierna, abogado de la familia.
El 13 de diciembre del 2018, Leo, de 23 años, llegó de los Estados Unidos para pasar el fin de año con su familia en San Miguel de Allende, salió para buscar un sitio con señal para hablar con su novia, y fue muerto en el cerro de La Caseta por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).
Los agentes en aquel momento argumentaron que repelieron una agresión, lo que la familia negó, ahora tras varios años de buscar justicia se reabre el caso con el temor de que la Fiscalía comience un nuevo litigio para evitar entrar en el fondo del asunto.
“Solicitamos a la Procuraduría de Derechos Humanos un espacio para esta presentación, pero no hubo respuesta, sospechamos porque hay nexos con la Fiscalía y no quieren hacer valer la recomendación que se hizo hace dos años por el caso”, señaló Raymundo Sandoval, acompañante de las víctimas en el proceso.
También esperan que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, reabra la investigación en el caso de Leonardo y haga una recomendación por ejecución extrajudicial y no solo por uso de la fuerza excesivo, razón que ya se acreditó.
“A la Jueza que llevó el caso, le dijimos que su acto estaba mal al archivar la carpeta, anteriormente la jueza no hizo caso e interpusimos un amparo, el cual prosperó para que se repusiera la audiencia y por segunda cuenta Edith Ortega decidió a pesar del amparo de un Tribunal Colegiado para dar entrada, simplemente no hizo caso y ratificó el archivo”, señaló el abogado en reunión con la prensa ayer.
También se espera que en la búsqueda de justicia, la Comisión Estatal de Víctimas establezca una propuesta de reparación de daños, tal como recomendó la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Ante la reapertura, el abogado de la familia señaló que preocupa que la Fiscalía litigue para evitar la investigación y que los responsables terminen en la cárcel, pues aún están activos en la corporación.
MCMH