Si ya empezaron las campañas presidenciales, las y los aspirantes deben difundir sus posturas sobre los grandes problemas nacionales. Uno, transversal, es lo que está pasando en las universidades.

El jueves de la semana pasada las 211 instituciones que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) eligieron a Luis González Placencia como secretario ejecutivo para los próximos cuatro años. En su presentación ante la asamblea, González Placencia puso como prioridades las amenazas a la autonomía, el estancamiento presupuestal, el deterioro de la calidad educativa y las violencias que las aquejan. En este texto comento la autonomía y las finanzas.

Poco después de instalarse en Palacio Nacional, el presidente sacó a relucir una veta antiuniversitaria en la que ignora y descalifica a las instituciones de educación superior por considerarlas un reducto del conservadurismo neoliberal. Esa categorización ha inspirado la persecución judicial de científicos y académicos desplegada por la titular de Conacyt aliada con un fiscal general plagiario; la ofensiva brutal contra el CIDE y, por supuesto, el respaldo incondicional a la ministra plagiaria.

El viernes de la semana pasada el rector de la UNAM, Enrique Graue, respondió a las exigencias y exabruptos del presidente informándole que la UNAM ejercerá su autonomía y se regirá por su normatividad. La UNAM –dijo– se tomará el tiempo necesario para analizar a fondo el complejo y resbaladizo asunto de la plagiaria a la cual, por cierto, dará audiencia. Se entiende la cautela porque la institucionalidad universitaria es la mejor defensa frente a la franja antiuniversitaria de la 4T y porque este año la UNAM elegirá nuevo rector o rectora y desean evitar interferencias ilegítimas.

El dilema para el rector y el Consejo Universitario está en que tampoco pueden desentenderse de la indignación causada por el tráfico de tesis observado. Si existió la “estafa maestra” peñanietista fue por las redes de corrupción enquistadas en un buen número de universidades. La mejor defensa de la autonomía universitaria debe ser una limpieza a fondo que regenere a la UNAM y sea ejemplo para otras instituciones.

El aspecto financiero también es prioridad de la nueva mesa directiva de la ANUIES. Lógico, porque la austeridad republicana ha golpeado al sector. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados le pone números a la inversión federal en ciencia, tecnología e innovación: en 2018 fueron 60 mil millones de pesos (mmp), en 2021 50 mmp. Hay mermas en sus ingresos.

La Ley General de Educación Superior de 2021 tiene buenas intenciones y aspectos positivos, pero también golpea a las enclenques finanzas universitarias. Desde la lógica de reducción de las desigualdades es saludable la inclusión en la Constitución del derecho a una educación superior gratuita. El problema surge cuando la prohibición constitucional de cobrar cuotas no es compensada por el gobierno federal. La reducción en los ingresos para las universidades dificulta expandir la matrícula y mejorar la calidad de la educación.

En el próximo bienio se mantendrá, supongo, la dualidad de las políticas de la 4T. Una corriente continuará con sus ataques y descalificaciones a las universidades justificándose en el combate al neoliberalismo; otra, es la corriente conciliadora que encabeza el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, un militante de izquierda dispuesto al diálogo con respeto al otro. Sus buenas relaciones con el nuevo secretario de la ANUIES hacen abrigar esperanzas de que existe un espacio para la construcción de entendimientos.

Falta poco para que se incremente la circulación de los proyectos de nación de quienes aspiran a la presidencia de la república o desean incidir en el proceso electoral. En esa agenda de futuro sobre los grandes problemas nacionales incluyamos a las universidades. Por supuesto que son necesarias reformas de todo tipo, pero también es indispensable que la autoridad esté dispuesta a dialogar con ellos rechazando las imposiciones de quienes desean arrebatarnos el derecho a opinar sobre nuestro destino.

Agradezco las sugerencias e información proporcionada por el Dr. Cristian Solórzano de El Colegio de México. 

@sergioaguayo

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