El plan ANGEL de Marcelo Ebrard para recuperar la paz perdida, aporta puntos de referencia para el cambio que no ha realizado el presidente López Obrador. Mayor inversión en tecnología con inteligencia artificial, modernos drones que todo lo ven desde el cielo y miles o cientos de miles de cámaras por todo el país para verle el rostro a los maleantes, dondequiera que estén.
Hay omisiones que llaman la atención, por ejemplo, el seguimiento del uso y abuso de los teléfonos celulares para cometer delitos. El ex canciller dice que ha viajado por todo el mundo y conoce lo que funciona para la seguridad, por eso resulta extraño que no mencione el control de la telefonía. En cualquier país desarrollado hay un nombre detrás de cada número telefónico móvil o fijo. Los teléfonos desechables no existen.
Los gobiernos saben a quién pertenece un teléfono porque para adquirirlo se necesita una cédula de identidad, pasaporte o número de seguridad social. Algo que ligue cada sim, cada dirección ip a una persona. No es tan difícil lograrlo. Aquí es tan fácil obtener un celular como comprar una bolsa de papitas.
En Europa o en Asia piden al comprador de un sim o de un teléfono, su pasaporte. Igual que lo hacen en todos los hoteles. Aquí ni siquiera piden una identificación del INE al hospedarse, lo que más importa es entregar una tarjeta de crédito o un depósito para garantizar el pago. El gobierno podría pedir que todo servicio hotelero estuviera respaldado por el INE.
Ebrard no habló de servicios de inteligencia y el desarrollo de capital humano para llevar a cabo el combate al crimen organizado y desorganizado. ¿De qué sirven todos los sistemas digitales, de IA, de video y detección de armas si detrás del monitor, la patrulla o la cámara está un policía o un funcionario comprometido con el hampa?
Sabemos que desde las cárceles se cometen infinidad de secuestros virtuales, actos de chantaje y extorsión. Es relativamente sencillo detectar la procedencia de la señal pero no se hace. Tampoco hay un ordenamiento radical a las telefónicas de impedir la salida y entrada de señal desautorizada desde un penal. Más sencillo sería decirle a las telefónicas que por cada llamada ilegal desde una penitenciaría, tendrían multas millonarias.
Existe la tecnología para inhibir señales, existe también para detectar los celulares dentro de las celdas, patios y pasillos. Pero sabemos que dentro de esos recintos no siempre manda la ley o sus representantes sino mafias anidadas en múltiples negocios, desde tráfico de drogas, hasta crimen organizado.
Si a la capacitación y fidelización de las policías añadimos voluntad política, el camino a la seguridad pública sería más corto y menos turbulento. El ejemplo está en estados como Coahuila, donde lograron reducir los crímenes dolosos en un 90% mediante la transformación de las policías y la eliminación de antros y casinos donde se blanqueaban las ganancias del crimen organizado.
Las opiniones que externo no son expertas como las de Ebrard pero lo que sí podemos preguntar es: ¿por qué Marcelo quiere seguir con la 4T si ha sido un fracaso en seguridad con su mantra de “abrazos y no balazos”? Él sabe que la desgracia del sexenio no puede atribuirse a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto.
La presentación en las comunidades de las mal llamadas “corcholatas”, despertarán más dudas que certezas si preguntamos siempre: ¿por qué no lo hicieron desde el principio?