Los “archivos de la represión” se han sometido a una forma eficaz de la censura: la burocracia. La rendición de cuentas queda en promesa.

El 28 de febrero de 2019 el presidente López Obrador ordenó a las oficinas de gobierno transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas”. La disposición abarca el periodo 1965-1990. Disponer de esos datos permitiría ejercer dos imprescindibles derechos ciudadanos: conocer la verdad y someterla al tribunal compensatorio de la memoria.

Por desgracia, esta iniciativa de primer rango no se ha cumplido. De acuerdo con el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) es muy poco lo que ha llegado al Archivo desde 2019. De manera parcial o total, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han desoído el mandato presidencial.

En su informe técnico del 15 de agosto de 2023, el MEH señala que al solicitar la información proporcionada por el CNI recibió ¡un solo expediente!, referente al periodista Manuel Buendía, asesinado en 1984, lo cual resulta inocuo, pues las circunstancias que llevaron a su trágica muerte han dado lugar a múltiples testimonios, como el último libro de Miguel Ángel Granados Chapa, publicado de manera póstuma en 2012: Manuel Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México, y el excelente documental Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?, de 2021, dirigido por Manuel Alcalá. Días más tarde, el 5 de septiembre, Aristegui Noticias informó que el CNI aportó otros seis expedientes y dio por cerrado el proceso.

En nuestra política los problemas no se resuelven, sólo se tramitan. Los “archivos de la represión” se han sometido a la forma más eficaz de la censura: la burocracia. Un expediente mexicano es un objeto mitológico que desaparece, cambia de forma y resucita según los designios de los dioses. Lo que Ovidio narró en sus Metamorfosis aquí les pasa a los papeles foliados.

Nuestras oficinas se comunican en burocrañol, idioma donde el significante carece de significado. El CNI afirma que ha procedido a la “transferencia de insumos”. La frase suena suficientemente absurda para ser oficial, pero no dice nada concreto.

Para colmo, la petición de entregar documentos se presta a interpretaciones subjetivas en un país donde la rendición de cuentas no deja de ser una promesa. Las dependencias deben resolver dos cosas fundamentales: ¿qué documentos son “históricos” y en qué medida tratan de “violaciones a derechos humanos”? Numerosos papeles se desechan por cálculo o descuido antes de que alguien considere que son “históricos” o que su contenido fue lesivo.

Además, el hecho de que la información llegue al AGN no garantiza que permanezca ahí ni que pueda ser consultada en forma directa. Un ejemplo: en 2002, el Archivo recibió 4,223 cajas con 58,302 expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, pero lo que se puede revisar son las tarjetas catalográficas que aluden a esos intangibles legajos. Por otra parte, hay carpetas vacías o incompletas. No es difícil suponer que ese material fue destruido o regresó a las oficinas que lo habían generado. El informe técnico del MEH, que se puede consultar en red, ofrece fotos en el AGN de archiveros a los que se les sustrajeron las tarjetas.

En su reciente discurso de ingreso al Colegio Nacional, Cristina Rivera Garza resaltó la importancia cultural de los archivos: “Hay que traer a colación, materialmente, esos otros textos que nos preceden y que, con suerte, nos sucederán. Hay que trabajar de cerca con las tradiciones en las que nos inscribimos, en mi caso con el afán de subvertirlas, de darles la vuelta, de recomponerlas o yuxtaponerlas de tal manera que puedan activar, en el presente, ese pasado que siempre está a punto de ocurrir. De ahí la importancia de la investigación en general y del archivo en particular”.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha sumado a la petición de que se conozcan los “archivos de la represión”, la infructuosa búsqueda de la verdad recuerda un célebre título de la dramaturgia mexicana: Nadie sabe nada, de Vicente Leñero.

La transformación del país pasa por preservar el pasado, no como materia muerta sino como herencia viva, “siempre a punto de ocurrir”.

Gsz

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